La ONU pidió al Estado trabajar en casos de ejecuciones extrajudiciales

Durante una audiencia pública de la Comisión Segunda del Senado, convocada por los congresistas Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Roy Barreras en conmemoración a la 'crisis humanitaria de los llanos en el 2010', el representante delegado de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Fernández, hizo un llamado al Estado para que investigue los casos de desapariciones en el país. 

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 "Es una necesidad que el Estado siga impulsando todos los esfuerzos necesarios para estas búsquedas. La desaparición forzada es una violación de Derechos Humanos de extrema gravedad que constituye un delito y, en determinadas circunstancias, un crimen de lesa humanidad", expresó Fernández.

Sobre esa base, continuó el representante, "conforme a los estándares, los Estados tienen la obligación de prevenir las desapariciones, y en este caso, evitar su repetición. Se deben adoptar todas las medidas necesarias para establecer el paradero de las personas que han desaparecido, investigar la autoría y sancionar a los responsables".

De otra parte, en el marco de este llamado, los senadores propusieron realizar un pacto nacional, según explicó Bolívar. "Debemos encontrar las familias de las 25 mil personas que están inhumadas como no identificadas. Para ello, hoy desde el Congreso queremos proponer un gran pacto por la búsqueda de las personas desaparecidas. Todos podemos contribuir con información, visibilización y hasta campañas por las redes sociales", sostuvo.

A su vez, el senador Barreras aseguró que "no quisiéramos decir, ni quisiéramos que fuera cierto, que Colombia está sembrada de cadáveres. El 90% de los seres humanos enterrados en estos cementerios clandestinos todavía no son identificados. De los 2304 solo 221 han podido ser entregados a su familia".

Y en su momento el senador Cepeda manifestó también que "es necesario que se produzca una política pública para poder entregar a los familiares esos cadáveres de muchas personas que se dan hoy por desaparecidas”.

Finalmente los legisladores solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se estudie la posibilidad de abrir un caso específico sobre la crisis que se presentó en el cementerio de la Macarena, en Villavicencio.