La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico <strong>(OCDE) urge a que Colombia adopte una ley que proteja a los denunciantes de sobornos en el extranjero</strong> y <strong>se queja del "compromiso limitado</strong>" que tiene el país para <strong>luchar contra el cohecho internacional.</strong>En un informe sobre Colombia publicado este jueves tras la misión que realizó allí en junio, el grupo de trabajo de la OCDE sobre cohecho le pide también que <strong>se asegure de que se apliquen a las personas jurídicas que pagan sobornos en el extranjero "sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias".</strong>Ahí incluye la posibilidad de <strong>confiscar el producto de esas prácticas ilícitas.</strong>A ese respecto, estima que la<strong> Superintendencia de Sociedades debería tener capacidad para requisar los sobornos o activos con un valor correspondiente</strong> o al menos sanciones monetarias con un efecto comparable contra las entidades responsables, y eso aunque no haya imputación o condena de personas físicas.También le insta a que <strong>mejore la cooperación y la coordinación entre la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación</strong> para garantizar un intercambio de información "más eficaz y proactivo" en esos casos.El grupo de trabajo hace notar que fue en 2018, dos años después de la entrada en vigor de su ley sobre responsabilidad corporativa, cuando<strong> Colombia concluyó su primer caso de cohecho internacional con una multa de 1,3 millones de dólares contra una empresa de aguas,</strong> filial de una empresa española a la que no se identifica, y que en la actualidad<strong> hay 20 que están siendo investigadas.</strong>Por eso<strong> habla de "avances alentadores". Pero insiste en que ahora lo que toca es "aumentar la colaboración" entre las autoridades</strong> gubernamentales y los organismos públicos encargados de la<strong> lucha contra los sobornos para llevar a cabo "una política global" e imponer sanciones contra las personas y empresas infractoras.</strong>La OCDE dice esperar que las <strong>investigaciones que la Fiscalía</strong> está realizando sobre personas físicas den lugar a una <strong>"intensificación de la persecución del delito".</strong>Se muestra también <strong>confiada en que las medidas adoptadas para que los revisores fiscales asuman la obligación de denunciar</strong> los actos de cohecho internacional<strong> puedan favorecer la detección y la sanción de ese delito</strong>, aunque puntualiza que habrá que mejorar eso con <strong>"mecanismos contra el lavado de activos".</strong>El grupo de trabajo sobre los <strong>sobornos internacionales</strong> <strong>se creó en 1994</strong> <strong>para la supervisión de la convención de la OCDE</strong> sobre ese tipo de infracciones que hasta entonces estaban cuando menos toleradas por la mayor parte de los países en nombre de la competencia.En la actualidad <strong>hay 44 países que se han comprometido</strong> con esa convención, y que están sometidos a evaluaciones regulares.