Sindicatos UNP denuncian abandono estatal tras asesinato de escoltas

Escoltas de la Unidad Nacional de Protección protestaron durante la noche en Chigorodó, Antioquia señalando que el estado los había abandonado y que, a pesar de poner en riesgo sus vidas por su deber, parece que no se reconoce su labor.

Tras confirmarse que el cuerpo encontrado sí era del segundo escolta secuestrado durante el fin de semana, los escoltas manifestaron que les entregaron los cadáveres en un estado de descomposición avanzado y no les ofrecieron ningún tipo de apoyo para su traslado.

Ante ello, los compañeros de los escoltas asesinados tuvieron que alquilar una lancha en Río Sucio, llegaron al mar, siguieron hacia Turbo y allí tampoco encontraron presencia policial, militar o naval, por lo que nuevamente tuvieron que gestionar el transporte.

A su llegada a Chigorodó, los cuerpos fueron llevados a la morgue donde se espera que se haga la necropsia. “Para nosotros es absolutamente indignante ver este descuido del estado con las personas que dan la vida para proteger otras vidas. Que el escolta no se merezca ni un traslado en helicóptero o que dispongan de algún transporte fluvial de cualquier autoridad que pueda trasladar dignamente”, señaló Yesid Barragán, presidente del sindicato de funcionarios de planta de la Unidad Nacional de Protección.

Barragán manifestó que la falta de atención desde el gobierno es constante y que a pesar de firmar acuerdos, también los incumplen por lo que adelantan una denuncia contra el director de la UNP, Pablo Elías González Monguí, por hostigamiento contra el sindicato.

“Cada que hacemos un pronunciamiento o cuestionamiento recibimos declaraciones que nos ponen en riesgo. Un representante del gobierno como el director de la UNP que sale a decir que los sindicatos están congraciados con las disidencias armadas, […] que estamos filtrando información a grupos criminales, pues es muy preocupante”, declaró Barragán.

El presidente del sindicato alertó que el gobierno los ha puesto irresponsablemente en riesgos innecesarios que pueden resultar en represalias, por lo que espera que la Fiscalía aclare si las declaraciones del director son o no hostigamiento agravado.