Parte de esas 'alarmas' las ha mantenido prendidas la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, que en su más reciente reporte i<strong>dentificó a un grupo de candidatos que tendrían opción de ser elegidos el domingo</strong>, pero que sobre ellos ha señalamientos de haber estado incursos en algún tipo de delitos de corrupción o de ser herederos de la parapolítica.Frente a Pérez, que ya fue <strong>gobernador de 2012 a 2015</strong>,el informe dice que “cuenta con procesos en la Procuraduría por presuntos delitos electorales y en la Contraloría por presuntos desfalcos durante su administración, que superarían los seis mil millones de pesos.En su pasada administración fue avalado por el <strong>partido AFROVIDES, posteriormente 100% Colombia</strong>, dirigido por el parapolítico Yahir Acuña, mismo partido que avaló al inhabilitado gobernador Nelson Mariño Velandia, quien a su vez es cercano a los hermanos Rodolfo y Miguel Ángel Pérez.El primero fue dos veces representante a la cámara por el departamento de Casanare, el segundo <strong>fue condenado por parapolítica</strong>, en específico por el apoyo a las ACC. Marco Tulio Ruiz es el heredero de esta estructura política”.El 31 de julio pasado la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales en la etapa de descargos para determinar la presunta conducta, mientras que la <strong>Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal</strong> por un presunto daño patrimonial al departamento de Casanare cuando Ruíz Riaño, fue gobernador por un contrato de adjudicación de obra.Otros candidatos, según Pares que están en la llamada herencia de la parapolítica son Juana Gómez Bacci, <strong>aspirante a la asamblea de La Guajira, hija de Kiko Gómez,</strong> condenado por homicidio y señalado por parapolítica; a Luis Miguel Cotes, aspirante a la gobernación del Magdalena, heredero de la estructura parapolítica de Francisco “Chico” Zúñiga y condenado por parapolítica.También según el reporte de Pares, están Luis Alberto Monsalvo Gnneco, candidato a la gobernación del Cesar, hijo de Cielo Gnecco, prima de “KiKo” Gómez y perteneciente a un clan<strong> acusado de relaciones con reconocidos paramilitares y narcotraficantes</strong>; a Roberto Jiménez Naranjo, candidato al concejo de Dosquebradas, Risaralda, hermano de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” (temido exjefe paramilitar y narcotraficante); y Arleth Casado de López, cabeza de lista al concejo de Montería por el partido Liberal, esposa de Juan López Cabrales, condenado por parapolítica.Se identificaron además <strong>candidatos con vínculos con otras fuerzas ilegales</strong>, entre ellos Hernando PossoParales, candidato a la gobernación de Arauca,<strong> capturado en 2002 por presuntos vínculos con las FARC-EP</strong>; Néstor Pérez, candidato por firmas a la alcaldía de Villavicencio, con indicios de ser testaferro del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez Rey alías “Coleta”; y Jorge Coral Rivas, quien aspira a la gobernación de Putumayo y ha sido señalado, en diversas ocasiones de sostener vínculos con la banda criminal “La Constru”.Le preocupa además a Pares, según se dice en el informe, la aparición de la Alianza Democrática.Afrocolombiana, ADA, que <strong>con sólo tres meses de existencia avaló a 3.500 candidatos.</strong> “Algunas fuentes señalan que detrás de este partido están viejos parapolíticos como Luis Alberto Gil, alias el Tuerto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra”, se lee en el reporte.De otra parte, <strong>Transparencia por Colombia advirtió que 86% de los candidatos de los más de 117 mil que se inscribieron siguen sin rendir cuentas</strong>. De ellos 42 son aspirantes a las gobernaciones y 87 candidatos a las alcaldías de ciudades capitales todavía no reportan sus ingresos y gastos.Dice Transparencia además que frente a todas las <strong>alertas de riesgos electorales es preocupante</strong> que se llegue al día de elecciones sin conocer cómo ha sido la financiación de las campañas.Transparencia por Colombia además hizo un llamado al CNE y a los órganos de control a tomar decisiones “<strong>ejemplares por el incumplimiento con el registro</strong> en tiempo real de la financiación de campañas y a ejercer un control más riguroso sobre el origen, monto y destinación de estos recursos”.