La esperanza del gobierno frente a condena de atentado de El Nogal

En su momento, el Consejo no entregó la suma monetaria por la cual la Nación fue condenada.

El magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, será el encargado de estudiar una tutela que interpuso el Gobierno en contra de la condena al Estado por el atentado terrorista al Club El Nogal.

La acción legal, inicialmente, fue interpuesta en el Consejo de Estado, quien fue la que emitió la condena por no haber evitado que en 2003 las Farc pusieran una bomba en el Club, hecho que dejó 37 personas muertas y 198 heridas.

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El Consejo de Estado rechazó la tutela. Sin embargo, la Fiscalía, la Agencia de Defensa Jurídica y el Ministerio de Defensa, se propusieron llevar la acción legal a la Corte Constitucional.

Según trascendió, la tutela señala que se violó el derecho al debido proceso y la igualdad dado que en 2017, el Consejo de Estado señaló que solo hay responsabilidad extracontractual del Estado ante un atentado terrorista cuando el hecho estuviera dirigido contra un funcionario público u ocurriera en una entidad pública.

Sin embargo, en este caso las víctimas han señalado que días atrás funcionarios habían frecuentado el Club, y más allá de eso, que las autoridades fueron alertadas sobre la detonación del artefacto, pero hicieron caso omiso al llamado.

Así las cosas, lo que entra a revisar el alto tribunal es si definitivamente se debe cumplir lo regulado por el Consejo de Estado y los tutelantes tienen la razón, o si por el contrario se mantiene la condena vigente.

LA CONDENA

El Consejo de Estado en su fallo señaló que el Gobierno expuso a un riesgo innecesario a los socios, visitantes y trabajadores del club luego de que dos de sus ministros utilizaran de manera frecuente las instalaciones del inmueble, aun cuando había una alerta del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que indicaba que por la época de los hechos podría ocurrir un atentando en un hotel del norte de la ciudad.

La hipótesis de la corporación se registró debido a que la ministra de Defensa de ese entonces, Marta Lucía Ramírez, permaneció hospedada durante algunos días en el Club, además que el exministro Fernando Londoño también adelantaba reuniones políticas en el lugar.

En esos días Bogotá se encontraba en una situación de conmoción interior, la situación de orden público se encontraba muy alterada y no se previeron medidas especiales para garantizar la seguridad de los socios y trabajadores del club, teniendo en cuenta el riesgo”, señaló la providencia en su momento.

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En ese caso, el Consejo de Estado señaló que “se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República, a pesar de que fueron señaladas las instalaciones del club como posible blanco de esas intenciones. Se hizo notar, además, la eventual concurrencia del club en dichas omisiones”.

En su momento, el Consejo no entregó la suma monetaria por la cual la Nación fue condenada porque, a su juicio, se pondría en riesgo los familiares de las víctimas.

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