A un año de la consulta, un año de corrupción

Un año después de que más de 11,5 millones de colombianos votaran por una consulta anticorrupción y de que en el Congreso esas mismas iniciativas estén estancadas o desaparecidas, los hechos delictivos contra el patrimonio público parecen multiplicarse día a día. 

La siguiente es solo una breve lista de los hechos de corrupción más sonados en los últimos meses: 

1. Corrupción en el Ejército. Sucesivos hechos destapados en julio de 2019 motivaron que la Fiscalía investigue posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 3.000 millones de pesos. En un caso, en la Cuarta Brigada del Ejército el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado a gastos personales. 

La Fiscalía también capturó a catorce personas señaladas de ingresar a los sistemas del Ejército para modificar información sobre el tiempo de servicio de los uniformados que aspiran a pensión. En este episodio habría concierto para delinquir, cohecho, acceso abuso a sistema informático y falsedad ideológica en documento público. 

En un tercer caso, aún se espera el resultado de investigaciones abiertas por la compra irregular de lotes de llantas para repuestos de los vehículos del Ejército. 

2. Corrupción en el ICA.

Funcionarios que ingresaban ganado de manera irregular al país, fueron denunciados en marzo de 2019, con posteriores capturas este mes. 

En Meta y Arauca fueron detenidas doce personas, entre funcionarios y exfuncionarios del ICA, ganaderos y un vacunador, que ingresaban ganado a través del río Arauca, desde Venezuela. Estos hechos habrían contribuido a que Colombia perdiera el estatus sanitario que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal, ya que parte del ganado que entró de contrabando sería portador de fiebre aftosa. 

3. Corrupción en la Contraloría de Antioquia.

Según la Fiscalía, desde 2016 hasta mediados de 2018, la Contraloría de Antioquia descubrió irregularidades en varios municipios, pero en vez de reportarlos, se habría creado una alianza con algunos alcaldes o los habría extorsionado. 

El contralor, Sergio Zuluaga, fue capturado el 22 de agosto, señalado de cambiar los resultados de auditorías realizadas por la entidad a cambio de dinero, contratos, millonarios bienes y puestos. La red implica a los alcaldes de La Pintada, Jardín y San Carlos y a otros funcionarios departamentales. 

4. Corrupción de evasores de IVA.

La banda fue detenida a principios de agosto de 2018. Estaba liderada por Olga Lucía Díaz, conocida como 'La patrona', quien tenía toda una red de colaboradores con 15 empresas ficticias que emitían falsas facturas para pedir devolución del IVA. Hacía facturas falsas para registrar bienes y servicios y disminuir la base gravable de los impuestos que debían pagar. El fraude le habría costado al Estado 2,3 billones de pesos y se cree que estaba operando desde hace 12 años. 

5. Corrupción en las gobernaciones de La Guajira y Norte de Santander.

Wilbert Hernández Sierra, gobernador encargado de La Guajira, fue suspendido por la Procuraduría por tres meses mientras investigan las posibles irregularidades en el contrato por más de $11.000 millones para enseñar inglés. La sospecha surgió porque en el contrato se contemplaba la enseñanza del idioma en 38 municipios, cuando La Guajira, solo tiene15. 

Un coletazo de esa investigación generó la suspensión del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pues en ese departamento se habían firmado contratos por 11 mil millones de pesos con la empresa Niutelco SAS, la misma del caso en La Guajira. 

6. Corrupción en la Gobernación del Quindío.

En diciembre de 2018 la Fiscalía descubrió que una red, integrada por funcionarios de la Gobernación del Quindío, habrían desviado recursos para la primera infancia y obras de infraestructura, cuando Sandra Hurtado se desempeñaba como gobernadora (entre 2012 y 2015). Hurtado fue sancionada por 12 años para ejercer cargos públicos, está capturada y este mes la Fiscalía anunció que irá a juicio para responder por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado. 

7. Corrupción en la Alcaldía de Morroa, Sucre.

El alcalde Carlos Solano Corena fue enviado a prisión de manera preventiva por estar implicado en presuntos actos de corrupción. Fue capturado en junio, señalado de que en el convenio por 1.700 millones de pesos con la empresa Aguas de Morroa, hubo documentos falsos, porque el contratista no tenía la idoneidad para prestar el servicio. 

8. Corrupción en municipios de Risaralda.

Son los casos de Fernando José Muñoz, alcalde de Dosquebradas, y Henry Arias, de Santa Rosa de Cabal, detenidos en septiembre de 2018 y junio de 2019, respectivamente. Ambos son investigados por celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación. 

9. Corrupción de las libranzas en Sucre.

En noviembre de 2018, el CTI de la Fiscalía capturó a nueve personas implicadas en ‘el cartel de las libranzas’ en Sucre. Cinco de ellos pertenecían a la Secretaría de Educación Departamental. Este cartel hizo movimientos fraudulentos por más de 20 mil millones de pesos a bancos, cooperativas y particulares. Los funcionarios capturados hacían pasar colillas de pago de maestros para hacer créditos por libranzas. 

10. Corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe.

En noviembre empezaron las audiencias para legalizar la captura de nueve funcionarios de la Universidad, por un desfalco de 16 mil millones de pesos. En investigaciones de la Fiscalía se encontró que la institución tenía 53 cuentas bancarias en diferentes entidades y todas estaban embargadas, y que se pagaban obligaciones que no estaban soportadas por contrato, ni cuenta de cobro. 

11. Corrupción en la Dian en Buenaventura.

En marzo la Fiscalía capturó a cinco presuntos integrantes de una red de corrupción y contrabando en Buenaventura. Entre los implicados están Ómar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura, su esposa e hija. Esta red había permitido el ingreso sistemático de mercancía por el puerto de Buenaventura a cambio de millonarios dividendos. 

12. Corrupción con contratos en San Andrés.

En un operativo de la Fiscalía, en octubre de 2018 se capturó a la exgobernadora de San Andrés Aury Guerrero Bowie y al gobernador, Ronald Housni, por irregularidades en la licitación de contratos por cerca de 120 mil millones. Según las investigaciones, los mandatarios recibieron el dinero como soborno por parte de contratistas para financiar sus campañas políticas. En julio Guerrero fue condenada a 13 años de prisión por concierto para delinquir, cohecho y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

13. Corrupción en la Uspec.

La Fiscalía capturó en abril a María Cristina Palau, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), quien estaría involucrada con presuntas irregularidades en un contrato entre la entidad y el Fonade. Según las investigaciones, la presunta organización habría obtenido la adjudicación irregular de un contrato de interventoría de viviendas por 17 mil millones. 

14. Corrupción en Fonade.

A propósito del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de tres exdirectivos de la entidad y de un grupo de contratistas, que se habrían orquestado para ganar y entregar millonarios convenios a cambio de “sobornos y nombramientos”. 

En el escrito la Fiscalía insiste que “al interior del Fonade se estructuró una asociación criminal la cual tenía como finalidad favorecer a particulares”.

 

 

Cargando