Organizaciones civiles demandaron la constitucionalidad de la Ley TIC

Hoy a mediodía la Fundación para la Libertad de Prensa, la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación Karisma en compañía de Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, demandaron la constitucionalidad de la Ley 1978 de 2019 por considerarla un riesgo para la libertad de expresión.

Asimismo, hoy en la mañana la FLIP compartió en su cuenta de twitter un video que explica los argumentos de la demanda. El primero de ellos es el control del ejecutivo sobre la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, pues 7 de los 8 miembros serían nombrados por esta rama del poder.

Al respecto se refirió Santiago Rivas, presentador de Los Puros criollos, “realmente pierde toda Colombia en el momento en que a un Gobierno se le ocurra tomar un talante autoritario. Esa ley es la vía de entrada para la censura y para convertir los medios públicos en aparatos de propaganda del gobierno. Los medios públicos deben pertenecer al Estado, es decir, a la gente”, afirmó.

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En segundo lugar, aseguran que el Gobierno, a través del MinTIC y las amplias facultades que le otorga esta Ley, podría acabar con la pluralidad de en los medios públicos.

El tercer argumento se refiere a la financiación de la televisión pública. Según las organizaciones civiles, el que los dos fondos actuales de financiación, FONTV y FONTIC, se unan y queden únicamente a cargo del MinTIC podría poner en riesgo la financiación de la televisión pública.

“De nada nos sirve estar conectados a internet si no podemos ver buenos contenidos, de nada nos sirve tener conectividad absoluta y poder descargar películas de la tv pública, si esta no tiene contenidos qué mostrar”, indicó Rivas.

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Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, se refirió a los estándares internacionales sobre libertad de expresión. “Si bien el Gobierno está impulsando los propósitos de esta Ley de comunicación y conectividad, el cómo se hace va en contravía de los estándares internacionales”, sostuvo

Aseguraron que la nueva Ley pone a las redes comunitarias a pagar contraprestaciones dificultando así su función principal. Esta Ley “concentra muchísimas facultades del sector de comunicaciones, no solo en este poder ejecutivo de este gobierno, sino en cualquiera a futuro”, continuó Vaca.

Finalmente argumentaron que no hubo consulta previa, por lo que no hay garantías para las comunidades raizales, afro e indígenas.