Corte inició estudio de posible revocatoria de Cristina Lombana

La magistrada que se posesionó siendo al mismo tiempo militar, tiene 15 días para defenderse en la acción administrativa.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia notificó formalmente a la magistrada Cristina Lombana de la actuación administrativa que se abrió en su contra para definir si hay lugar a revocar su elección como miembro de la Sala de Instrucción, que es la encargada de investigar a los congresistas.

Así se evidencia en un documento de la Corte en la que le da 15 días para que exprese los argumentos por los que se debe evitar esta decisión, que se basaría en que al momento de posesionarse tenía la doble condición de magistrada y militar, cuando según la Ley Estatutaria de Administración de Justicia estaría prohíbo. Lo anterior porque solo pidió la baja en el Ejército hasta el 13 de junio.

Específicamente la Corte revisará si se debe aplicar el artículo 5 de la ley 190 de 1995 que señala que en caso de haberse producido un nombramiento y posesión en un cargo sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo “se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción”. Que dice también que si se ocultó información el responsable podrá quedar inhabilitado por 3 años.

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Y así mismo, la ley 648 de 2017 que señala que, “La autoridad nominadora deberá revocar en un cargo, cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo”, que en este caso es la misma Sala Plena.

Por lo tanto, se señala que de oficio se deberá, “definir si hay lugar a la aplicación del ordenamiento jurídico mencionado en el párrafo anterior, dado que la doctora Cristina Lombana Velázquez, fue elegida, confirmada y posesionada como magistrada de la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ostentando simultáneamente vinculación con las Fuerzas Militares”.

El encargado de revisar su caso es el magistrado Eugenio Fernández.

Todo esto surge, luego de la recusación que le aceptó la Sala de Instrucción de la Corte a la defensa del senador Iván Cepeda, porque era la ponente de los dos procesos por presunta manipulación de testigos contra Álvaro Uribe. Recusación por la que la magistrada puso una tutela que perdió y apeló, porque se encuentra en segunda instancia.

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