Por multas irregulares Supertransporte devolvería $171 mil millones

La superintendencia de Transporte revisará 60 mil expedientes que representan más de 171 mil millones de pesos en multas a los ciudadanos. También se levantarán los embargos de los casos de las personas que fueron afectadas.

Carmen Ligia Valderrama Superintendente de Transporte, aclaró que no se trata de multas de tránsito, sino se multas a las empresas de transporte público, de carga, intermunicipales, mixtas y especiales, incluidas las escolares.

Señaló que la revisión se tomó, tras elevar una consulta al Consejo de Estado, sobre la normatividad aplicada desde el 2016, en donde se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde ese año, seguían siendo utilizadas por la Entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte.

Por esta razón, el pasado 23 de octubre de 2018 la Entidad solicitó un concepto al Consejo de Estado en Sala de Consulta y Servicio Civil, respecto de la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas, particularmente las que corresponden al Decreto 3366 de 2003.

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, dijo que esta decisión se tomó con el objetivo principal de proteger a los vigilados, ya que se debe garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos en el sector.

“Acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”, afirmó Orozco.

En marzo de 2019, el Consejo de Estado señaló que la nulidad declarada por el mismo Alto Tribunal en Sección Primera en 2016, generó que las sanciones previstas en el Decreto 3366 de 2003 desaparecieran.

Así mismo, resaltó en su concepto que la resolución 10800 de 2003, que codificaba las conductas del Decreto 3366 de 2003, había perdido su fuerza ejecutoria y por ello no podría ser aplicada contra los ciudadanos.

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Por último, precisó el Consejo de Estado que, además de violar el principio de legalidad, (…) “pretender reconocer efectos a la Resolución 10800 para deducir de ella infracciones administrativas que materialmente son idénticas a las del decreto 3366, haría negatoria la decisión judicial adoptada por la sección primera del Consejo de Estado y abriría las puertas a maniobras fraudulentas de la Administración, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.” (…)

En ese sentido, la Superintendencia de Transporte está conformando grupos especiales para realizar la revisión de esos expedientes afectados, incluyendo las investigaciones en curso, los casos que se encuentran en cobro coactivo y la atención de acciones judiciales iniciadas contra la Entidad.

De esta manera, serían objeto de revisión las multas impuestas a transportadores de carga y de pasajeros, incluidos los escolares, intermunicipales, y mixto de todo el país, por conductas como mantenimiento preventivo de los vehículos, capacitaciones a conductores y operadores, jornadas de trabajo de conductores y operadores, condiciones técnico mecánicas de los vehículos, exceder la capacidad transportadora autorizada, transportar carga con sobrepeso, entre otros.

Finalmente el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, reiteran el llamado a los vigilados y a los ciudadanos para que no utilicen tramitadores en el proceso de solicitud de devolución de sus dineros, pues el Gobierno Nacional es el único garante en este procedimiento.