Cuando apenas se estrenaba el nuevo Gobierno, el Consejo de Estado falló una millonaria demanda a favor de las <strong>víctimas del atentado al Nogal.</strong>Tres procesos que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negaron las pretensiones de los familiares de víctimas de ese acto terrorista ocurrido el 7 de febrero de 2003 en el norte de Bogotá, en agosto de este año el <strong>Consejo de Estado consideró que la nación era legalmente responsable. </strong>Se condenó a la <strong>Fiscalía, al Ministerio de Defensa, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a</strong> <strong>pagar más de $2.570 millones</strong> y adelantar actos de reconocimiento de responsabilidad por cuenta del carro bomba que <strong>explotó en el parqueadero del Club El Nogal y que dejó un saldo de 37 muertos y 198 heridos. </strong>Conocida la condena al Estado varios sectores explicaron que resulta improcedente hacer responsable a la Nación de los atentados de las Farc pues abre la posibilidad a futuras demandas que en este caso, El Nogal, aún tiene otros 11 procesos de reparación activos.Para evitar ese daño patrimonial a las finanzas del Estado, las tres entidades condenadas a pagar decidieron entutelar el fallo.La Fiscalía, el Ministerio Defensa y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, radicaron tutelas ante el mismo Consejo de Estado para reversar la decisión con dos argumentos básicos:Primero, que ese fallo contradice decisiones anteriores del Consejo de Estado sobre atentados terroristas y <strong>se advierte que es responsabilidad de la Nación cuando esos atentados ocurren en contra de funcionarios o entidades públicas</strong>.El otro argumento reposa en una violación al debido proceso pues se desconoce las decisiones que adoptó el Tribunal de Cundinamarca en tres oportunidades y cuando negó las pretensiones de las víctimas.Por ahora y mientras se resuelve la tutela se congelan los efectos de la condena contra el Estado. Las <strong>tres entidades demandadas presentaron la tutela ante la sección 4 del mismo Consejo de Estado que en teoría tendría hasta 10 días para resolverla,</strong> pero en la práctica ese término podría ampliarse.