La protección a los líderes sociales
Esta debería ser prioridad en la agenda del nuevo gobierno.
La escalada de asesinatos de líderes sociales registrada en la última semana ha puesto de nuevo en la agenda del país la discusión sobre la crítica situación que atraviesan miles de dirigentes rurales que, por diferentes razones, son considerados un obstáculo para los ilegales –narcotraficante, disidencias guerrilleras, minería ilegal, poseedores ilegales de tierras—que quieren asegurar el control territorial en varias zonas donde desarrollan negocios y actividades altamente lucrativos.
El asesinato de 219 dirigentes en los tres últimos años y medio –72 en lo corrido de 2018—deja clara la impotencia del Estado para protegerlos pese a las denuncias que hacen las comunidades; la debilidad de la justicia para perseguir y castigar no solo a los autores materiales sino también a los autores intelectuales, y corrobora que en las zonas del viejo conflicto cesaron las armas de las Farc, pero no las de los que les disputaban territorios y negocios.
Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle, Chocó y en alguna proporción Arauca son los departamentos con más líderes asesinados. Son regiones que en buena medida padecen las dinámicas de la ilegalidad: bandas criminales, carteles de narcotráfico, minería ilegal, nuevos agentes violentos, corrupción local, tierras de despojados y poblaciones que se vuelven blanco de los sicarios por dar apoyo a programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Esta realidad, que no estuvo presente en la campaña, debería entrar a ser parte de las prioridades de la agenda del nuevo gobierno de Iván Duque y podría ser una de las primeras pruebas de fuego para demostrar su liderazgo. Si no lo hace, corre el riesgo de que esa sea uno de los primeros flancos de ataque de la oposición. Las masivas manifestaciones del viernes pasado demostraron que la gente está dispuesta a movilizarse para presionar soluciones de fondo.