Fasecolda pide vigilancia del Gobierno sobre aumento en tarifa del SOAT

Como una decisión positiva pero no grata calificó el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, el decisión de la Superintendencia Financiera de ajustar las tablas para liquidar el seguro SOAT, que por la alta accidentalidad subirá entre el 2 y el 4% más que el salario mínimo que se fije para el 2018. 

"Es una decisión positiva del Superfinanciero porque propende por la estabilización financiera del SOAT, que es un bien público fundamental, aunque tomar estas medidas que son impopulares requiere coraje, requiere un sentido de la función pública muy desarrollado y de las responsabilidades que al Superintendente recaen", manifestó Botero. 

Señaló, que las autoridades tendrán que velar porque no haya evasión y en "nuestros cálculos la evasión está en el orden del 39 y el 40 %, que es una barbaridad". 

El presidente de Fasecolda manifestó que en realidad lo que la Superintendencia ha hecho es recoger un fenómeno grave y preocupante, como es el incremento de la accidentalidad vial en el país. Dijo que eso obedece a que el parque automotor de dos ruedas, las motocicletas vienen creciendo a tasas superiores al resto de los vehículos y por su propia naturaleza, las motos son menos seguras. 

Explicó, que también a problemas graves en la política pública que tienen que ver con un problema que es el de salud pública, asociado a los accidentes de tránsito, porque en muchas zonas del país infortunadamente y especialmente en la Costa, las normas de seguridad vehícular sobre todo en las motos, no se practica adecuadamente y el casco no se usa, sumado a las escuelas de conducción que son inexistentes o son muy laxas en el territorio nacional, especialmente tratándose de vehículos de dos ruedas. 

Finalmente Jorge Humberto Botero, manifestó que las tarifas del SOAT, están asociadas no al factor riesgo que es el que debería determinarla, sino al tipo de vehículos, lo que confluye en que las tarifas de los seguros SOAT, son insuficientes y el sistema está perdiendo en sus ejercicios anuales recursos que para mantenerlo vigoroso, el Gobierno se ve en la obligación a incrementar las tarifas por encima del incremento del salario mínimo.