Otra polémica por documento sobre compra de Medimás

La situación de Medimás, la EPS más grande del país, sigue generando discusiones extremas. De hecho, algunas voces trazan perspectivas preocupantes en el corto y mediano plazo, llegando a decir que por distintas circunstancias la empresa tendría problemas para seguir funcionando. 

Al tiempo, voceros de la empresa aseguran que las diferencias entre los socios están a punto de solucionarse y que están alcanzando índices de eficiencia, con datos avalados por actores del sector. 

Esta semana, en marco de esa discusión, Caracol Radio conoció un Acuerdo de Intención firmado en enero de este año por entidades acreedoras de Cafesalud, que luego actuaron en la operación de compra de esa EPS, que según algunos analistas demostraría que hubo una intención de hacer esa adquisición con recursos del sistema de salud y no con dineros propios, como siempre se ha dicho. 

Este documento, que es público reposa en la Cámara de Comercio por el proceso de constitución de la empresa, pero además, fue puesto a disposición de quienes adelantan las tareas de vigilancia en la Procuraduría y en la Superintendencia de Salud por socios de Medimás. También lo adjuntaron en una demanda penal que cursa por estafa. 

El Acuerdo de Intención fue firmado el 30 de enero de 2017, un mes después de la última modificación hecha por la liquidadora de Cafesalud al reglamento de venta, el 29 de diciembre de 2016. 

Según investigadores de los entes de control, en el Acuerdo aparecen, al menos, dos cláusulas que contrarían ese reglamento. La primera de ellas dice que “Las participaciones de cada uno de los acreedores en la Sociedad que adquiera las acciones serán iguales, correspondiendo a cada uno una participación resultante de dividir el número de acciones por el número de participantes”. 

En efecto, tras la compra de Cafesalud, Medimás se constituyó como una SAS cuya dueña es la empresa Presnewco y representante legal el abogado Andrés Rocha Laverde. Las acciones fueron divididas en partes iguales, a razón de 12,5% por socio.

Sin embargo, el reglamento de venta de Cafesalud decía claramente que en el consorcio que hiciera la oferta y en la empresa resultante de la compra, al menos el 50% de las acciones tendrían que ser del componente que garantizara la experiencia en prestación de servicios de salud y que en este caso fue el Centro Nacional de Oncología, representado por José Luis Mayorca. Así, desde antes de hacer la oferta, los socios habían decidido ignorar esa garantía de experticia en el sector. 

Un segundo punto que sería irregular, según el análisis que hacen en la vigilancia de los entes de control, es que el reglamento de venta exigía que los compradores soportaran el negocio con recursos propios, pero el citado Acuerdo de Intención asegura que cada socio podrá “pagar la parte que suscriba mediante la cesión de las cuentas por cobrar a Cafesalud por cuantía máxima de $20.000 millones”. Y en otro aparte dice que “Los dineros para pagar las acciones de Cafesalud y Esimed (…) ingresarán contablemente a título de un préstamo concedido por los accionistas, pagadero por la Sociedad SAS a más tardar en tres años, con cargo a las utilidades que le arroje la operación de Cafesalud e Esimed”. 

Este último punto es el que más ha inquietado a entidades de control, pues lo interpretan como la intención de hacer un movimiento circular de dineros, para pagar la compra de la EPS liquidada con la plata del propio sistema de salud. 

El Acuerdo de Intención fue firmado por las organizaciones Procardio Ltda., Corporación Nuestra EPS, Cooperativa Multiactiva; Corporación Mi IPS, en los capítulos de Occidente, Nariño, Huila, Tolima, Norte de Santander, Boyacá, Costa Atlántica (sic), Eje Cafetero, Llanos Orientales y Santander; MedPlus Medicina Prepagada; Fundación Esensa; Fundación Saint; Clínica Medilaser; Clínica Miocardio SAS y Medicalfly SAS. 

LA OPERACIÓN ACTUAL:

Los procesos de vigilancia a la actual operación de Medimás, que adelantan de forma independiente la Procuraduría y la Superintendencia de Salud, han encontrado otros hechos que podrían, incluso, llevar a escenarios de intervención. Algunos de estos hechos son: 

- La contratación de la red de prestadores de servicios médicos y de proveedores (por ejemplo de medicamentos) estaría violando la prohibición de integración vertical, es decir la norma que impide que una EPS contrate servicios con entidades de los mismos socios en más de un 30%. Denuncias de los mismos socios de Medimás dicen que ese porcentaje ya sería del 37% y los investigadores creen que podría ser hasta del 50%. Esta investigación ha sido especialmente difícil, pues el velo corporativo que cobija a las empresas privadas ha impedido tener precisión absoluta sobre los dueños de cada IPS contratada. 

- No hay claridad sobre el manejo de los recursos ya transferidos a Medimás, pues desde su constitución (1 de agosto) recibió durante tres meses la totalidad de los dineros que el gobierno debe destinarle por el número de afiliados, a razón de $300.000 millones mensuales y, a partir de noviembre el 20% de ese monto, unos $65.000 millones. Es decir el Estado ya le ha entregado cerca de un billón de pesos, sin que mejora notoriamente la calidad de prestación del servicio. 

- En declaraciones entregadas a entidades de control, algunos de los socios de Medimás han admitido no tener capacidad de pago para cumplir con el contrato para comprar Cafesalud (unos $2.800 millones mensuales por socio), lo que hace temer, aún más, que se estén haciendo pagos con los recursos destinados para la atención de los afiliados.

 - Aunque la red de prestación de servicios ha crecido, aún no es la que se necesita. No hay contratos en todo un departamento: Chocó y para municipios de Cundinamarca, distintos a Bogotá, sólo hay cinco, para citar dos ejemplos. Además ha llamado especialmente la atención por qué entre el 1 de agosto y el 19 de octubre (cuando la Supersalud abrió una investigación al respecto) apenas se firmaron 154 contratos para establecer esa red y luego, en solo un mes, se firmaron 1.050 contratos.