La Fiscalía denuncia por sedición los altercados en Barcelona
El de malversación y el de sedición son los únicos delitos de los contemplados en esta investigación que implican penas de cárcel.
La Fiscalía denuncia por sedición los altercados en Barcelona(Getty Images)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se investigue los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre, después de que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ordenara los registros en sedes del Govern en el marco de la operación Anubis contra el referéndum ilegal del 1 - O.
El Ministerio Público considera que estamos ante un presunto delito de sedición porque "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".
Añade que la finalidad última es "conseguir la celebración del referéndum y la proclamación de una república catalana independiente, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación de la norma fundamental de todos los españoles.
Por ello, pide a la Audiencia Nacional que admita a trámite la denuncia y solicite a la Guardia Civil un informe sobre lo ocurrido. En caso de admitirse a trámite, reclama "investigar quienes son las personas que han dirigido o inducido estas actuaciones o la existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades que hayan impulsado movilizaciones para imponer el referéndum independentista inconstitucional, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición".
Omniun y ANC:
A falta de atestado, el relato de los hechos que hace en su denuncia el fiscal apunta a la Asamblea Nacional Catalana y a Omniun Cultural. La denuncia detalla los problemas con los que se encontraron los agentes de la guardia civil en los registros de las consellerías de exteriores, economía y governación, así como en la sede de la CUP, donde llegaron a disparar al aire, y en las puertas de la imprenta de Barcelona donde se localizaron nueve millones de papeletas.
Hasta 40.000 personas, dice la fiscalía, llegaron a juntarse en La Rambla de Barcelona en una jornada liderada por Omniun y ANC que repartieron chalecos y formaron cordones de seguridad para impedir el trabajo de la policía judicial. Sus presidentes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez llamaron a la "movilización permanente" y pidieron que nadie se fuera a casa porque iba a ser "una noche larga e intensa".
La "turba", según el relato del fiscal, destrozó tres coches de la guardia civil e impidió la salida de los agentes de la consellería de economía durante 9 horas. Además se tacó la sede del PSC y se registraron "agresiones" a militantes socialistas.
El mapa judicial:
Estas mismas fuentes aseguran que, en el estado actual de las investigaciones, no contemplan que toda la causa acabe en la Audiencia Nacional. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona continúa con las pesquisas por el montaje y la preparación del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de Catalunya con la parte de la causa que afecta a aforados: miembros del govern y de la mesa del Parlament. Además de la causa abierta por los registros de una nave y un semanario que lleva un juzgado de Tarragona.
Lo que ocurre, concluyen, es que ahora se han producido hechos nuevos que deben ser investigados y que encajan con el delito de sedición. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha presentado la denuncia para que se abra una investigación y se identifique a los responsables de esas concentraciones tumultuarias.
El delito de sedición implica pena de cárcel:
La sedición es un delito contra el orden público contemplado en el artículo 544 del Código Penal: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
El código establece penas de prisión de ocho a diez años, y de diez a quince años, si los autores fueran personas constituidas en autoridad, además de inhabilitación por el mismo período. El de malversación y el de sedición son los únicos delitos de los contemplados en esta investigación que implican penas de cárcel. En el primer caso, hasta ocho años de prisión y en el segundo, hasta 15 años.
