La Justicia a la carta de Uribe

Uno de los principales puntos de la renegociación que propone el senador Uribe hace referencia a modificar de fondo la Jurisdicción Especial para la Paz. Se lee en las declaraciones de los miembros del Centro democrático tres asuntos. Primero; cárcel para las FARC, es decir, que no se den beneficios jurídicos como la restricción a la libertad. Segundo, que la justicia solo aplique para las FARC, mientras que para agentes estatales, que también cometieron crímenes, se tramite una ley en el Congreso sobre benéficos jurídicos: es decir para unos si habría justicia y para otros no. Lo tercero que piden es que no se ponga en marcha el Tribunal Especial para la Paz, que es el ente encargado de juzgar los crímenes internacionales, esta figura es creada en los acuerdos de La Habana.

Lo que plantea el Centro Democrático es sencillamente inviable, pero además peligroso. Existen varios argumentos. Por un lado, plantear una justicia a la carta donde algunos sean juzgados y otro no, no es aceptable para la comunidad internacional. Los sectores de las FF.MM. deben entender que para la comunidad internacional “o todos en la cama o todos en el suelo”. Pero beneficiar a unos y penalizar a otros no haría otra cosa que provocar una extradición de agentes estatales en 5 o 6 años. Nótese como en los procesos internacionales como el caso de Sudan y ahora más recientemente Sudan del Sur y en el caso de Siria, a la comunidad internacional le interesa más los agentes estatales que los criminales. La explicación a esto es que para muchos expertos en derecho internacional, el agente estatal que comete crímenes es doblemente responsable. Es decir, de un criminal o ilegal se puede esperar cualquier cosa, pero los agentes estatales están para proteger a la población, por tanto, un acto criminal significa también una traición a la confianza que la ciudadanía le entregó a ese agente.

Por otro lado, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, no se iguala a los agentes estatales y a los guerrilleros. Por ejemplo, todas las acciones de las FARC son ilegales, mientras que para el caso de las Fuerzas Militares sus acciones en el marco del conflicto se presumen legales, es decir, hay que entrar a demostrar que fue lo ilegal. Por tanto la JEP es el mejor modelo de justicia transicional, que garantiza independencia, pero además garantiza un blindaje internacional.

Igualmente, la JEP es muy clara en decir que serán objeto de revisión aquellos agentes estatales y no estatales determinantes de acciones en el marco del conflicto armado. Lo cual garantiza una justicia con verdad, perdón, restauración y garantizas de no repetición completa, que permita el cierre total de más de 52 años de conflicto. Lo anterior significa que a campesinos o ganaderos que se vieron obligados a pagar una extorsión no serán objeto de análisis de la JEP, pero si fue un empresario o político que se valió de grupos armados legales para acaparar tierras o para lograr votaciones atípicas pues si será objeto de revisión. Así las cosas no habrá cacería de brujas ni nada por el estilo. Los empresarios deben estar tranquilos al igual que los ciudadanos en general.

La JEP solo concede inmunidad al presidente y los expresidentes, todos los demás agentes que participaron en el conflicto armado podrán ser objeto de esta justicia. De hecho, el ex presidente Uribe en lugar de criticar este buen modelo de justicia debería proponer que se quite dicho veto y que también los ex presidentes puedan entrar a la JEP. Además, si fuera cierto lo que dice el senador Uribe de que esa justicia traerá impunidad, pues con mayor razón que promueva la inclusión de los ex mandatarios. No debe olvidarse que durante los 8 años de gobierno Uribe presuntamente se habrían cometido más de 3 mil falsos positivos.

Por último, la JEP se fundamenta en la verdad y el la reparación integral a las víctimas. Así por ejemplo, para los actores que colaboren, digan toda la verdad, restauren y den garantías de no repetición habrá una sanción de restricción a la libertad que puede ir entre 5 a 8 años. Para los que digan parcialmente la verdad habrá 8 años de cárcel y para lo que no colaboren podrá haber un castigo de cárcel de entre 15 y 20 años. Es decir, la JEP contempla la posibilidad de cárcel y premia la verdad y la reparación integral. Así las cosas, el senador Uribe no quiere impedir la impunidad sino promoverla cuando manifiesta su deseo de que la JEP no exista.