La Defensoría del Pueblo hace presencia en Turbo para verificar deportación de migrantes

El organismo de control urge un plan de contingencia para mitigar el impacto social de la medida, y garantizar que los operativos se cumplan con seguridad y apego a las normas del Derecho Internacional.

Ante los anuncios del Gobierno Nacional respecto a la inminente deportación de los migrantes cubanos concentrados en Turbo, Antioquia, la Defensoría del Pueblo reconoció la legitimidad de esa medida, pero al mismo tiempo fortaleció su presencia en el terreno pues los procedimientos que allí se apliquen deben ser absolutamente respetuosos de los derechos humanos.

El organismo de control humanitario comprende que el ingreso y permanencia irregular de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional supone un tratamiento no solamente consagrado en la ley sino soberano por parte del Estado colombiano, y tiene claro que la crisis humanitaria desatada en el Urabá tras el arribo de estas personas no fue provocada por el Gobierno.

Sin embargo, la Defensoría recuerda que a la luz de los tratados internacionales vigentes y de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la deportación no puede realizarse de manera masiva, y considera que dadas las precarias condiciones en que han tenido que convivir los migrantes durante las últimas semanas y la evidente falta de asistencia oportuna para esta población, resulta necesario distinguir entre quienes se han lucrado ilícitamente de esta situación y quienes desde un punto de vista netamente humanitario han socorrido a estos ciudadanos, para que las consecuencias judiciales de las que se ha hablado no resulten desproporcionadas.

Hace pocos días, la Defensoría Regional de Urabá y la Oficina de Asuntos Internacionales de la entidad consolidaron un censo oficial de primera mano, al cabo del cual se estableció que para el 28 de Julio de 2016 la cifra de cubanos refugiados en Turbo era de 1.273, correspondientes a 452 personas de sexo femenino y 821 de sexo masculino, entre las que se contaban un poco más de 260 menores de edad, 24 de ellos con serios problemas de salud ante la influencia de vectores, elementos en descomposición, carencia de baterías sanitarias y hacinamiento en la bodega donde se alojaron.

Dada la dimensión de la problemática y por instrucciones del Defensor del Pueblo, en las últimas horas llegó a Turbo el Defensor Delegado para la Población Desplazada, quien junto al Defensor Regional en Urabá y a un equipo interdisciplinario constató cómo el operativo de deportación iba a comenzar este martes 2 de agosto sin que hubiera un plan de contingencia para mitigar el impacto social de la medida administrativa y evitar perturbaciones o confrontaciones en medio de las diligencias.

En razón a ese requerimiento de la Entidad, desde las 8 de esta mañana se lleva a cabo una reunión de alto nivel con las autoridades presentes en el puerto, a fin de consolidar una estrategia integral que incluya las garantías necesarias para el traslado de los extranjeros hasta su salida del país. Debido a la cantidad de migrantes y a la llegada de otros en los días posteriores al censo, el Defensor del Pueblo fortaleció el grupo de verificación con la Oficina de Asuntos Internacionales, que se sumará este miércoles a la delegación encargada de acompañar los procedimientos y observar el respeto por los derechos humanos.

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