Abren proceso contra ex alcalde en Cesar por sobrecostos en alimentación infantil
“Es un acto de malversación repugnante”, afirma veedor ciudadano del Cesar.
Para la Contraloría General de la República, los elevados sobrecostos que pagó la Alcaldía de La Jagua de Ibirico (Cesar) en un contrato de alimentos financiado con recursos de regalías, motivaron la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $2.384 millones de pesos contra el ex alcalde Didier Lobo Chinchilla y los integrantes de la firma contratista, Unión Temporal Servicios Nutricionales, la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS, Industrias Alimentos y Cathering Catalina S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.
Según reportó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y al procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, la citada Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS ha celebrado contratos similares –de paquetes nutricionales- y para la operación de Programa de Alimentación Escolar -PAE con la Alcaldía del municipio de Becerril, también en el Cesar.
Las irregularidades que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la CGR y específicamente al revisar la ejecución del contrato No. 340 del 3 de diciembre de 2012, que suscribió este municipio con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones.
El objeto de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes, en el municipio de la Jagua de Ibirico.
Según auto número 0006 del 9 de febrero de 2016 de la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, por el cual se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la administración municipal pagó un mayor valor de $3.683 millones en la adquisición de víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, entre otros. Los kit de alimentos presentaron además presuntas deficiencias en materia de calidad.
El daño patrimonial fue determinado finalmente en $2.384 millones, al descontar del valor antes mencionado los gastos de legalización (pólizas de calidad y cumplimiento) y de impuestos, que ascendieron en total a $1.298 millones.
El veedor ciudadano del Cesar, Jaine Mora Murgas, calificó como repugnante este tipo de malversación: “En nuestro medio se da ese sistema de malversación y corrupción porque no hay cosa más repugnante que estar en contra de los recursos para la alimentación de unos niños inocentes que necesiten una buena alimentación. Se da en algunas administraciones que contratan fundaciones o asociaciones para que suministren esos alimentos y entonces se dedican es a suministrar alimentos de mala calidad”.
