Alcaldía pide investigar pago de coima para arreglar contrato del FONCEP

Un contrato para recuperar $360.000 millones que 315 entidades le adeudan a Bogotá por concepto de aportes a las pensiones de 7.400 jubilados del Distrito, está a punto de convertirse en un nuevo escándalo de corrupción que salpicaría a veedora, contratista, concejales e incluso a la misma administración

Martha Lucía Zamora, secretaria general de la Alcaldía, le pidió a la fiscalía que investigue la versión que entregó a su despacho la veedora ciudadana Esperanza Márquez sobre las irregularidades en la ejecución del contrato 035 de 2012 del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP-.                   En su oficio la exfiscal Zamora habla de que se podría estar frente a un caso de “cohecho por dar u ofrecer y la celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales”

La historia se remonta a 2012 cuando FONCEP pidió cotizaciones para la adjudicación de un contrato que permitiera recuperar los $360.000 millones de pesos. La ganadora fue la firma M&D Asesores en Crédito S.A.S., representada por Esperanza Martínez Dussán, que entre otros temas se comprometió a elaborar en 24 meses una base de datos actualizada y a realizar mandamientos de pago y cobros coactivos

Para 2013 el contrato ya presentaba problemas, como lo dejó consignado un informe de la Contraloría de Bogotá, según el cual “la empresa con la cual se contrató para la depuración, digitalización y construcción de la base datos, presentó información inconsistente tal como lo informó el FONCEP”

El 31 de julio de 2013 M&D hizo una propuesta de conciliación para dar por terminado el contrato. Sus pretensiones económicas eran de $6.148.616.338,64, pese a que el valor del contrato era de $514 millones. El Distrito no aceptó la propuesta y adelanta un proceso para darle fin argumentando incumplimiento del contratista

CORRUPCIÓNEs aquí donde aparece la figura de la veedora Esperanza Márquez, quien por solicitud de la contratista Martínez pidió el aplazamiento de una de las audiencias, lo que evitó que FONDEC le cancelara el contrato a M&D Asesores en Crédito S.A.S.

Caracol Radio tuvo acceso a los documentos que Martha Lucía Zamora entregó a la fiscalía. De acuerdo con un informe elaborado por los abogados asesores, “Esperanza Márquez manifestó que le presentó a la contratista a César Manrique y Mauricio Roa, este último le comentó que le arreglaría el problema en FONCEP por la suma de 40 millones, los cuales a su vez entregaría a César Manrique, suma de la cual confirmó con Mauricio Roa recibió 30 millones y los 10 millones restantes no supo si los cubrió Esperanza Martínez”

El César Augusto Manrique del que habla la veedora Márquez, es el exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad denunciado por irregularidades en la adquisición de cien motos eléctricas para la Policía. Fue director del Departamento Administrativo del Servicio Civil en Bogotá y actualmente es asesor del alcaldía de Bogotá

CONTRAATAQUEEn su defensa, la contratista Esperanza Martínez Dussán en carta al contralor de Bogotá, Diego Ardila, se declara víctima del FONCEP y denuncia la existencia de una nómina paralela acordada por “el secretario de Hacienda y el señor Alcalde Mayor con los concejales Roger Carrillo y Soledad Tamayo en el año 2012, disponiendo estos de los cargos directivos y de una nómina de más de 90 personas nombradas a principios de 2013 y que mantienen en la actualidad”

El caso llegó a manos del Procurador General, Alejandro Ordóñez, que ordenó a la Procuraduría Distrital 1 asumir la investigación. A su turno, la dirección seccional de Fiscalías evalúa las pruebas entregadas por la Secretaría General de la alcaldía para determinar si llama a declarar a los testigos o si ordena interrogatorios

Para la contraloría el incumplimiento de la firma contratista ha generado un detrimento a la ciudad, que tiene en riesgo la recuperación de la cartera de pensiones que en su mayoría adeudan las gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, Caprecom, los Ferrocarriles, la Caja de Crédito y el ministerio de Defensa, entre otros

A primera vista los investigadores que han conocido el caso creen que el incumplimiento del pago de coimas sería el verdadero origen de la denuncia de este nuevo escándalo.