Proyecto de ley sobre terrenos baldíos activa polémica

Diferentes organizaciones entre las que se encuentran Planeta Paz, Cinep, la Comisión Colombiana de Juristas, Dignidad Agropecuaria y la organización internacional Oxfam, muestran su preocupación y oposición al proyecto de ley 133 radicada por el Ministerio del Interior.El proyecto dice contemplar zonas de interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES) para mejorar las condiciones de producción del terreno, ya que como se refiere en el artículo primero, estas áreas alejadas “demandan elevados costos de adaptación productiva; tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza; carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”

Sin embargo, la directora de Oxfam en Colombia, Aida pesquera,  afirma que lo que busca el proyecto de ley 133 es remediar la compra ilegal de tierras baldías, “lo que permite es que las empresas como Cargill que acumularon tierras baldías de manera ilegal, violando la ley 160 lo puedan hacer, aplica para todos los baldíos de la nación y para todas las zonas de interés de desarrollo rural empresarial que se definan en el país”

Por su parte, la consultora de temas agrarios, Jhenifer Mojica quien fue subgerente de tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), asegura que este proyecto afecta el acceso de la población campesina, indígena y afro a sus territorios, pues según ella, esta ley garantizaría la concentración de grandes extensiones de tierras en pocas manos

Mojica indica que estas organizaciones han solicitado a los congresistas la realización de audiencias públicas en distintas regiones “con el fin que sea escuchado en el Congreso Nacional la postura que tienen las poblaciones que van a ser afectadas antes que el proyecto sea tramitado”

Las organizaciones hacen un llamado al congreso en la vocería de Aida pesquera para que detenga la aprobación de la ley 133 “porque es altamente lesivo para los intereses de las organizaciones campesinas, afros e indígenas” afirma Pesquera, quien también hizo un llamado al Gobierno Nacional para sentarse a dialogar sobre un  proyecto de ley alternativo que sea incluyente para la población rural.