​Reclaman respuesta inmediata para enfrentar crisis en el Chocó

El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Todd Howland, el Obispo de Quibdó, Monseñor Juan Barreto, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y representantes de la población indígena y afrodescendiente, denunciaron ante el Gobierno colombiano y la comunidad internacional la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria que vive el Chocó, y por lo que en lo corrido del año 4.000 personas han sido desplazadas de este departamento

En diálogo con Caracol Radio, Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, precisó la estrategia, que desde una mirada internacional, debería implementar el Gobierno colombiano para hacer frente a esta crisis que ha hecho que 32.000 personas fueran forzadas a dejar sus tierras, "yo creo en la importancia de crear unas personas dentro del Gobierno nacional que tienen acceso a los ministros, que tienen acceso al presidente y que así mismo pueden hablar con las personas de la comunidad, no es tan fácil, que personas de alto nivel lleguen allí mismo a las comunidades, hablen con ellos y hace seguimiento"

Explicó que "hoy en día es necesario, es la coordinación y la manera de medir, hay o no hay derecho de educación, derecho de salud, derecho de oportunidades, y ellos tienen que tener metas en relación de cómo vamos en 10 años o en 20 años a transformar la realidad de las personas en Chocó. Tienen que crear prioridades, tienen que crear maneras de medirlo y tienen que crear un seguimiento para ver si hay o no hay esos cambios"

Esta mesa denunció que mientras el promedio nacional de necesidades básicas insatisfechas está en un 32%, el del departamento del Chocó reporta un índice del 80%

Frente a los diálogos entre las víctimas de la violencia y diferentes organismos, los cuales se están realizando en diferentes regiones del país, Howland señaló que "hay que reconocer que hay más de 6 millones de víctimas registradas, lo que hace imposible que todos sean escuchados, pero estos procesos son importantes, para que ellos hablen de su sufrimiento y que víctimas de las Farc, de los paramilitares, víctimas del Estado, todos estaban ahí compartiendo idea de cómo se puede mejorar Colombia"

Por su parte el Obispo de Quibdó, Monseñor Juan Barreto invitó al Gobierno nacional para que haga una mirada más profunda sobre el departamento del Chocó,"ciertamente se ha hecho un esfuerzo de inversión pero todavía no se refleja lo sufiente en la población", lo que concuerda con que el 80% de la población chocoana no tienen servicios de acueducto ni alcantarillado

"En el Chocó uno encuentra que prácticamente todos los departamentos tienen presencia de grupos ilegales, porque ha crecido la minería ilegal, han crecido la siembra de cultivos ilícitos", sostuvo Monseñor Barreto

Recordó que la población del Chocó hace 20 años vivía en condiciones de paz, por lo que pidió "que los grupos armados reconozcan que son un problema para la región, son un problema para los pobladores, que ese no es el camino para alcanzar nada, sólo logran sus beneficios personales y de grupo, pero la población los interpreta como un mal como una calamidad para ello". Entre tanto Richard Moreno, representante del foro interétnico señaló los principales llamados al Gobierno nacional frente a esta crisis humanitaria del Chocó:"1. Es necesario tomar medias urgentes de protección de los territorios de los colectivos de las comunidades negras e indígenas, para que no expropien `materialmente´ a la gente

2. El Gobierno conjuntamente con la comunidad y las instituciones del Chocó, se diseñe un plan de inversión que corresponda a las necesidades que las comunidades tienen y que sea participativo y concertado con todos los sectores

3. Se deben tomar medidas en torno a la crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó, se a agudizado el conflicto, se está incrementando la presencia paramilitar y las guerrillas del ELN y las Farc siguen en los territorios, lo que va a significar un mayor desplazamiento, amenazas y confinamiento de las comunidades".