Comunidades indígenas del país reclaman urgente protección del Estado

Se hace necesario que el fiscal general, Eduardo Montealegre, ordene la creación de la Unidad Especializada para la investigación de delitos en contra de la impunidad

 Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial Indígena envió una comunicación al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Procuraduría y al DPS, por las constantes demandas por la situación de hambre, asedio y amenazas sistemáticas que han enfrentado los indígenas durante los últimos meses

 El funcionario señaló que las amenazas contra dirigentes aborígenes se han intensificado en líderes, y organizaciones de pueblos indígenas, por parte de actores armados, en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Chocó Risaralda y Antioquia.   Agrega la información, que “entre 1990 y enero de 2014, hay registros de 330 víctimas, de las cuales, el 69 % (229) han resultado heridas y el 31 % (101) han fallecido.  Del total de víctimas, el 34 % (111) han sido menores de edad: 34 niñas y 78 niños”.   Añade que también se han aumentado, “las víctimas del confinamiento forzado que se han registrado con mayor intensidad en departamentos como el Chocó, Putumayo, Meta y, persistentemente en Nariño en contra de los indígenas Awá”

 “Solo de este pueblo se encuentran confinadas, desde hace dos meses, cerca de 1.200 personas en el municipio de Ricaurte, en Nariño”, preciso él funcionario.   Igualmente preocupa la información de la Organización Nacional Indígena de Colombia según la cual han sido amenazados por lo menos cinco comuneros y dirigentes indígenas del Valle del Cauca, “ara quienes el ejercicio del derecho a la participación política está generando mayores riesgos a sus vidas”.    Subraya que la crisis en los pueblos indígenas por asuntos de seguridad alimentaria, afecta a los departamentos de Chocó y Risaralda, Caño Mochuelo en Casanare o la más reciente situación afrontada por 40 mil indígenas Wayuu en La Guajira

 “Es perentorio tomar cartas en el asunto formulando acciones interinstitucionales más efectivas, coordinadas y articuladas que prevengan y protejan la vida y los derechos civiles y políticos de esta población”, afirma Muyuy.   Dijo que se hace necesario de parte del Gobierno Nacional la formulación de políticas públicas que transformen de manera sostenible estas realidades, y que frenen la respuesta reactiva, paternalista y asistencialista que ha venido caracterizando la actuación de las instituciones públicas, en todos los ámbitos y partes del Estado.     “Sin una adecuación institucional, tanto nacional como departamental, seguiremos dando vueltas en círculo, y nuestros pueblos indígenas, ciudadanos colombianos, seguirán en permanente crisis humanitaria como consecuencia del empobrecimiento histórico” sostuvo Muyuy.   Finalmente insistió en la necesidad de la creación en la Fiscalía de una Unidad Especializada para la investigación de delitos en contra de la impunidad; y la promoción de los derechos humanos que les asiste a los 102 pueblos en Colombia, en especial, aquellos referidos al derecho al territorio, la cultura y la autonomía como pueblos.