CIDH levanta medidas cautelares a comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó

La Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares a comunidades campesinas y negras de Jiguamiandó y Curvaradó, en la zona de Urabá, departamentos de Antioquia y Chocó, que habían sido ordenadas por esa Corte al Estado colombiano en el año 2003

La Resolución está acompañada de un análisis de todos los hechos relacionados con estas comunidades y los que antecedieron a la aplicación de estas medidas cautelares de protección

La CIDH advirtió, sin embargo que decisión se adopta “bajo el entendido de que la Corte Constitucional de Colombia continuará supervisando el cumplimiento de las órdenes de protección de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, y que todas las otras autoridades pertinentes seguirán aportando el conjunto de medidas necesarias para atender la situación de riesgo que enfrentan dichas comunidades…”Al resolver el asunto, la CIDH dijo textualmente que se procede a “levantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 6 de marzo de 2003, ratificadas posteriormente, a favor de las zonas humanitarias de Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, Caño Claro y El Tesoro, y de las cinco zonas de biodiversidad denominadas Erasmo Sierra, Enrique Petro, Familia Tuberquia, Ligia María Chaverra, Efrén Romaña, miembros de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó”

“En los términos de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, el levantamiento de las medidas provisionales no implica que el Estado quede relevado de sus obligaciones convencionales de protección de conformidad con los Considerandos 13, 17, 21, 25, 54 y 56 de la presente Resolución”, precisó la Corte Interamericana de Derechos Humano

La CIDH dijo en uno de sus Considerando finales, el número 54, que al “levantarse las medidas provisionales por parte de la Corte, corresponderá al Estado, conforme a su deber de garantía de los Derechos Humanos y a su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, de conformidad con los Artículos 1 y 2 de la Convención Americana, mantener las medidas de protección que haya adoptado y que el Tribunal (CIDH) considere pertinente, y adoptar todas las que sean necesarias posteriormente, por el tiempo que las circunstancias lo ameriten”

En el Considerando número 55, la CIDH admitió que en el este asunto “el Estado colombiano ha hecho importantes esfuerzos para atender la situación de los miembros de las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad mencionadas en esta Resolución desde que se ordenaron las medidas provisionales a su favor, y que ha adoptado diversas medidas materiales y de otra índole para ello, tanto de carácter individual como colectivo”

“Especialmente, este Tribunal destaca que la Corte Constitucional de Colombia también ha ordenado medidas de protección que abarcan a los beneficiarios de las presentes medidas. Además, el Tribunal valora el cumplimiento del Estado de su deber de informar periódicamente sobre gestiones que ha realizado para implementar las medidas provisionales, al igual que las observaciones tanto de los representantes como de la Comisión Interamericana al respecto”, precisó la Corte en sus consideraciones para esta Resolución

“Es lamentable la decisión porque deja desprotegida esas comunidades, nosotros habíamos solicitado a la Corte y Comisión interamericana de derechos humanos protección colectiva de los reclamantes del Urabá cordobés, antioqueño y chocoano porque allá hay 14 reclamantes asesinadas, más de 100 desplazadas desde que se inician los procesos de restitución y muchas amenazas contra los líderes reclamantes, declaró a Caracol Radio el Presidente de Forjando Futuro, Gerardo Vega Medina

“Yo creo que la comunidad internacional debe estar vigilante de esos procesos y de que el gobierno nacional cumpla con las medidas que garantice que no se repitan los fenómenos de violencia sobre las victimas que reclaman su derecho a retornar y a que les reintegren las tierras que les fueron usurpadas”, insistió el directivo de la Fundación que acompaña a las víctimas de Urabá y a quienes han sufrido el despojo de sus tierras