Desata controversia propuesta para privatizar manejo de cárceles

El pasado 22 de marzo el Gobierno puso a andar la que sería una de las más importantes transformaciones al sistema carcelario, justo cuando el problema del hacinamiento en Colombia superó el 50 por ciento y tocó fondo, tal como lo reconocen expertos autoridades carcelarias y el mismo Ejecutivo. Ese día se radicó el proyecto en la Cámara de Representantes que pretende modificar el Código Penitenciario y Carcelario en torno a cuatro ejes fundamentales: la reorganización del sistema, el apoyo a la actividad judicial, el fortalecimiento a la seguridad y principalmente la incorporación de la población reclusa a programas de readaptación

En lo que tiene que ver con reorganización del sistema, uno de los aspectos que ha generado mayor expectativa es el de las Alianzas Público Privadas para la construcción de mega cárceles

Este mecanismo está reglamentado desde el año pasado y los eventuales beneficios los explicó el viceministro para la Política Criminal y la Justicia Restaurativa, Farid Benavides. “La ventaja de la asociación público-privada es que traslada los riesgos de la construcción y mantenimiento de las cárceles al particular. En esa medida, el Estado puede desarrollar una estrategia mucho más ambicioso de construcción de cárceles porque es una estrategia que comparte los riesgos y así no se afectan demasiado los recursos del Estado”, explicó el funcionario

Aunque el costo-beneficio de estas alianzas solamente se conocerá cuando la Corporación Andina de Fomento entregue un estudio sobre la viabilidad de este mecanismo, que preliminarmente se entregará mañana al Ministerio de Justicia, desde algunos sectores ya se han formulado los primeros reparos al sistema, tal como lo dio a conocer el representante a la Cámara Iván Cepeda, quien manifestó que hay artículos que facilitarían la corrupción

“Que se anuncie la posibilidad de que empresas de vigilancia privada, comiencen a encargarse de la seguridad en las cárceles, creemos que eso puede prestarse para nuevas formas de corrupción y de irregularidades en las cárceles. Es el Estado quien debe responsabilizarse de las personas que están allí”, manifestó el congresista

Pero ese no es el único reparo de Cepeda, también afirmó que la dirección del INPEC no debe estar a cargo de la Policía, como lo establecería el nuevo código, “hemos pedido la desmilitarización de la vida penitenciaria y carcelaria, porque quién persigue los delitos no debiera ser el encargado de la vigilancia en las cárceles”

Justamente la seguridad privada es un tema en el que aún no hay suficiente claridad, y aunque el viceministro Benavides asegura que sería una medida alternativa, el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, parece descartarla en un comienzo. Por ahora tengo entendido que no cabe esa posibilidad, ni se ha pensado. ¿Existe la vigilancia privada en cárceles municipales? Sí existe. Hoy en día los 11.800 guardianes profesionales trabajan en las 142 cárceles, y por ahora ese tema no se ha tratado y dependen de órdenes del Gobierno Nacional

Lo cierto es que aún hay más dudas que certezas en cuanto al nuevo proyecto, no solo por lo efectivas que resulten las Alianzas Público Privadas, sino también por la disposición y el presupuesto de las autoridades departamentales para construir o ampliar los centros carcelarios en sus regiones para albergar a las personas sindicadas o bajo investigación, tal como lo ha pedido el Ministerio de Justicia amparado en una ley de 1993

A febrero de este año, la población carcelaria en Colombia, superaba los 115 mil detenidos en 141 establecimientos carcelarios que solo tienen capacidad para albergar 75.726 reclusos, lo que representa un 51,3 por ciento de hacinamiento.