Rama Judicial evalúa seguridad de sus sedes tras el sismo del 10 de agosto
Las autoridades judiciales evalúan las condiciones de infraestructura de las sedes judiciales y los requisitos necesarios para desarrollar las actividades de manera segura.
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La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, anunció la activación de una red de apoyo y comunicación permanente tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto, informó además que se mantiene el contacto con los territorios afectados para identificar las necesidades de las comunidades judiciales y coordinar las acciones necesarias frente a la emergencia.
A través de un comunicado, esta Comisión menciona que la prioridad es proteger la vida e integridad de los servidores judiciales, sus familias y los usuarios de la justicia, al tiempo que se busca garantizar el acceso y la administración de justicia en las zonas afectadas.
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“Continuamos trabajando de manera coordinada, solidaria y responsable, poniendo en el centro de sus decisiones la protección de la vida y la integridad de las personas y, al mismo tiempo, haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar el acceso y la administración de justicia en las zonas afectadas”, menciona la comunicación
De manera paralela, las autoridades judiciales evalúan las condiciones de infraestructura de las sedes judiciales y los requisitos necesarios para desarrollar las actividades de manera segura, mencionan además que las decisiones que se adopten dependerán de la evolución de la emergencia y de las condiciones particulares de cada territorio.
La Comisión hizo un llamado a funcionarios, usuarios de la justicia y ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar únicamente los canales oficiales de información.
Esta Comisión es integrada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, además de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados judiciales.
