Parapolíticos investigados saldrían de la cárcel, según proyecto de la Comisión de Acusación

Los congresistas o excongresistas que se encuentran detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia en etapa investigativa quedarían libres si se aprueba el proyecto de reforma judicial propuesto por la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y radicado en el Senado

La iniciativa, cargada de ciertas 'perlas', establece en el artículo de la vigencia que a más tardar el 20 de junio de 2013 debe expedirse una ley reglamentaria o unos decretos-leyes que modifiquen o adicionen los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Disciplinario para adecuarlos a la propuesta

La singular propuesta establece que los altos funcionarios estatales con fuero, entre ellos los congresistas, tienen derecho a estar libres durante la investigación. Eso quiere decir que los procesos en esas materias se detendrían, pues se contempla también que el Consejo de Estado no pueda adelantar los de pérdida de investidura ni el Procurador adelantar los referentes a temas disciplinarios

Otra propuesta, contenida en un proyecto de un 16 artículos sin ninguna técnica constitucional ni legislativa, establece que en materia penal los términos procesales son perentorios y si se vencen por causas no imputables al sindicado, el proceso automáticamente queda archivado. En otras palabras, si se tiene en cuenta que las investigaciones que realiza, por ejemplo, la misma Comisión y que tardar varios años, equivale a un pasaporte a la impunidad, según un congresista que pidió reserva

Un artículo muy breve de la Constitución es ampliado en el proyecto, estableciendo que los altos funcionarios del Estado pueden ser detenidos por orden de la comisión de Acusación en caso de lo que consideren un delito flagrante, es decir, que se le sorprenda en el hecho. En lo disciplinario, puede privarlos temporal o permanentemente de sus derechos políticos. Es decir, si se trata de un Magistrado de la Corte Suprema, por ejemplo, la comisión puede dejarlo sin el empleo o cargo

Un punto crítico del proyecto es que habla de investigar y sancionar a los funcionarios por lo que consideren hechos, omisiones o extralimitaciones penales, disciplinarias o políticas, o sea que por razones partidistas pueden enviarlos a prisión. Para el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, la propuesta es inconveniente para el país

"¿Quién define qué es una falta o extralimitación política? Esa figura se aplica a la moción de censura pero solo para funcionarios del gobierno", dijo Gaviria, quien señaló que, en ese caso, el Congreso podría a través de la comisión, que se denominaría 'De Investigaciones del Congreso', sancionar y penalizar a los dignatarios del Estado por simples hechos políticos a criterio de unas mayorías transitorias

El proyecto de la Comisión crea también una especie de salvoconducto para sus miembros: son inviolables en sus conceptos, en sus votos y en sus decisiones. Es decir, pueden tomar revancha, por ejemplo, de las Cortes, pero no por ello ser investigados y menos condenados

El proyecto le quita a la Corte Suprema Justicia la facultad de investigar y juzgar a los congresistas, despoja al Consejo de Estado de su facultad de estudiar y decretar las pérdidas de investidura, y al Procurador el poder de investigar y sancionar disciplinariamente a los miembros del Congreso. La iniciativa trae otra perla: suprime las funciones judiciales que la Constitución le da al Senado, es decir la facultad para condenar a los altos funcionarios del Estado por 'indignidad' y llevarlos a juicio ante la Corte Suprema en casos criminales. Toda la facultad para sancionar y penalizar a los 'aforados', que además aumentan en su número, quedaría en manos de la Cámara de Representantes,. El senado solo actuaría en casos de apelación a lo decido por la Cámara

La propuesta ordena la creación de una Sala Especial Judicial encargada exclusivamente de conocer los casos disciplinarios, penales y de pérdida de investidura de los congresistas, Estará compuesta por 10 magistrados con periodos de ocho años, elegidos así: dos por la Corte Suprema; dos por el Consejo de Estado; tres por la Corte Suprema de Justicia, y otros tres por el Consejo de la Judicatura (elegido por congresistas)

Se dispone que esa Sala especial, para tomar decisiones frente a un Congresista, debe tener la aprobación de los dos tercios de los votos de quienes la componen. Es decir, una orden de arresto a un legislador solo puede tomarse con un mínimo de siete votos,Curiosamente, una de las 'peleas' que más ha dado el Congreso es la de la doble instancia en las decisiones judiciales que los afectan. Pero según el proyecto de la Comisión de Acusación, esa doble instancia no se contempla y a cambio exige la mayoría calificada en la sala judicial especial