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Tribunal Internacional dice que Colombia va para un genocidio de menores

El documento señala variables como el reclutamiento como causales de que la situación de la infancia en el país sea una de las más críticas del mundo.

El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, al presentar el informe anual 2010 sobre crímenes de lesa humanidad contra los niños, manifestó que en Colombia se está ad portas de un genocidio contra menores

En su informe expresa que son por lo menos cinco las variables que permiten concluir que los menores en Colombia viven una de las situaciones más críticas del mundo, después del Congo

La primera variable es el reclutamiento y el uso de menores en una práctica habitual, sistemática y extendida de los grupos armados ilegales, afectando principalmente a niños indígenas en zonas de frontera

Expresa también que los paramilitares, las ‘para-bacrim’, las Farc y el ELN emplearon a niños combatientes desde los 6 años “en combates, para reclutar otros menores, así como espías, esclavos sexuales y asistentes logísticos”

Apunta como tercer ítem que el ejército colombiano ha utilizado a menores en tareas de inteligencia, particularmente en zonas rurales del Valle del Cauca

Manifiesta que la población infantil sigue siendo blanco de ataques indiscriminados, y esos mismos grupos amenazan con matar y ejecutar a menores que sospechan son informantes de las autoridades

Y agrega que en el conflicto armado colombiano se producen graves violaciones a los derechos del niño cuando se dan casos de reclutamiento de menores, se mata o hiere a menores, se les viola y secuestra, se atacan sus escuelas y hospitales o se les niega asistencia humanitaria

Según el informe del Tribunal, que preside el argentino Sergio Tapia, las llamadas bacrim, definidas como otra forma de la continuidad de los grupos paramilitares, son responsables de muchos de los hechos contra menores de edad

“Casi la mitad de los más de 15.400 asesinatos cometidos en Colombia el año pasado, un 47%, son responsabilidad de estos grupos armados, el resultado de una desmovilización fallida de los paramilitares, que sembraron el terror durante dos décadas. Cifras oficiales señalan que las Bacrim operan en 21 de los 32 departamentos colombianos (el 75% del territorio) y que son dirigidos, en su mayoría, por mandos medios de los frentes desmovilizados”, expresa

Sostiene que en lo urbano las bandas armadas reclutan menores todo el tiempo y lo que debe preguntarse es quién está detrás de todo esto, a quiénes pertenecen y para quién trabajan estos grupos. “La violencia contra la infancia en Colombia es muy alta, los grupos armados trabajan con ellos, a la vez que el conflicto social se profundizó y cada vez la idea de estar en la violencia como una vida de dinero y poder, obtenido de manera fácil, está más fortalecida. Se puede encontrar con un niño de seis años que hace trabajos de inteligencia en los barrios o transporta armas. El conflicto en la ciudad es una bomba de tiempo y lo que nosotros creemos es que ya están comprometidas las futuras generaciones de colombianos”, manifiesta

Identifica que Antioquia, Caquetá, Valle, Putumayo, Nariño, Cauca y Córdoba son los departamentos que más han padecido esta siniestra alianza, que termina desdoblándose en escuelas de sicarios, oficinas de cobro, microtráfico, narcotráfico a gran escala, dominio de cárceles y manejo de laboratorios. Y de contera la infiltración a algunos miembros de la Fuerza Pública. Dichas bandas controlan además pequeños negocios legales, los cuales vacunan al pedirles entre $5.000 y $20.000 por cada establecimiento diario. Prostíbulos, bares, centros de comercio, cárceles, el rentable negocio del mototaxismo o el transporte. Todos pagan y las ganancias se calculan en miles de millones de pesos. Son las responsables de la explotación de la minería ilegal y de la extorsión a empresas legales, como también de la comisión de secuestros y reclutamiento forzoso de menores de edad a las filas del crimen, manifiesta el informe

El perfil del primer nivel que concentra casi seis mil integrantes de bandas criminales está conformado por jóvenes y niños entre los 6 años y 18 años, ventas de drogas, responsables del sicariato, cobros a establecimientos y vigilancias estratégicas de las rutas de droga

El reclutamiento y la utilización de niños es también una práctica de los grupos armados ilegales constituidos a partir de unidades desmovilizadas que antes formaban parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esos grupos no son homogéneos en cuanto a su motivación, estructura o modus operandi

El tribunal considera que el gobierno considera que todos esos grupos son bandas de delincuentes involucradas principalmente en actividades ilegales, especialmente en la producción y comercialización de estupefacientes. No obstante, si bien muchos se dedican únicamente a actividades delictivas comunes, otros operan en forma análoga a la de las antiguas organizaciones paramilitares. Algunos de los grupos tienen una estructura y una línea de mando militares y son capaces de ejercer control territorial y realizar operaciones de tipo militar. Tienen, además, una orientación política e ideológica análoga a la de las ex AUC. En mayo se entregaron a las Fuerzas Armadas nacionales en el departamento del Chocó 108 miembros de un grupo armado ilegal no identificado que incluía a 12 muchachos y 2 niñas

“Se recibió información sobre la utilización de niños para fines de inteligencia por miembros de las Fuerzas Armadas nacionales, en violación del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098) y las directrices del Ministerio de Defensa Nacional. La información indicaba que los miembros del ejército, como incentivos, ofrecían alimentos a los niños y las niñas a cambio de información sobre la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales del Valle del Cauca”. Sobre el tema agrega que las Fuerzas Armadas nacionales también siguen utilizando niños en actividades cívicomilitares y mantienen programas dedicados expresamente a los niños, pese a que el Código de la Infancia y la Adolescencia requiere expresamente que el Estado se abstenga de utilizar niños en actividades militares, operaciones sicológicas, campañas cívicomilitares y programas análogos. “En el primer semestre de 2009, los miembros del ejército entraron en escuelas rurales en el departamento del Meta para establecer contacto con los estudiantes en el marco del programa ‘lanceritos’, con arreglo al cual se llevaba a los niños a las instalaciones del comando de la brigada para que participaran en paseos en helicóptero y se les proporcionaban alimentos. Preocupa que esas actividades, cuando se realizan en zonas afectadas por el conflicto, puedan poner en peligro a los niños y exponerlos a la posterior retaliación por los miembros de los grupos armados ilegales”, sostiene

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