Tras aplazamiento, juez decidirá suerte de preacuerdo entre Tabares y La Fiscalía

Tras varios reparos al preacuerdo entre la Fiscalía y el ex director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, hoy una juez decidirá si lo declara legal, y así definir si el ex funcionario se convierte en testigo de cargos en los procesos más importantes de las 'chuzadas', como por el ejemplo, el de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Varias críticas surgieron en la presentación del preacuerdo entre Fernando Tabares y la Fiscalía. Las primeras fueron formuladas por Víctor Javier Velásquez Gil, abogado defensor de su padre, el magistrado Iván Velásquez, quien se constituyó a última hora en víctima dentro de este proceso

"Nos gustaría que haya mayor claridad que el preacuerdo es por los hechos que están ahí y no crearle falsas expectativas al procesado, porque entre los hechos que pueden estar siendo objeto de investigación y de los cuales nos hemos enterado todos a través de los medios de comunicación existe que no solamente se realizaron consultas en bases de datos, actividades con fuentes humanas, elaboración de perfiles, interceptación de correos, sino también destrucción de documentos públicos, y esas investigaciones van a seguir", advirtió Velásquez. Pero a su turno, el delegado del Ministerio Público, Henry Bustos, también hizo serios cuestionamientos frente a la dosificación de la pena en relación con la gravedad de los hechos por los que fue acusado el ex director de Inteligencia

"El grave daño que se ocasionó, no solamente a las personas que fueron objeto de esas interceptaciones y seguimientos, sino el daño grandísimo que se le ocasionó a la institucionalidad y a la sociedad colombiana, esa es una consideración que está, por completo, ajena a esa determinación de la pena que hace la defensa y la Fiscalía en ese preacuerdo que se somete a consideración", acotó el representante de la Procuraduría. Ante esta controversia jurídica, hoy la juez 14 con funciones de Conocimiento dará a conocer su veredicto y decidirá si declara legal o no este preacuerdo en el que se fija una pena alternativa de ocho años de prisión, así como el pago de una multa superior a las 22 millones de pesos y a la declaración de perdón y arrepentimiento que Tabares ya manifestó a las víctimas.