Pliego de cargos contra seis ex directivos del DAS por las 'chuzadas'
La decisión de Procuraduría afecta a Martha Inés Leal, Enrique Alberto Ariza, Jorge Armando Rubiano, Giancarlo Auqué de Silvestri, Teresa Guzmán y José Antonio García.
Por posible extralimitación de funciones al haber ejecutado actividades de seguimiento irregulares, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, formuló pliego de cargos en contra de seis altos ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS
Los ex funcionarios que deberán responder por las presuntas conductas irregulares son: Enrique Alberto Ariza Rivas, ex Director General de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano Pérez, en su condición de Detective y Coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G-3; Giancarlo Auqué de Silvestri, ex Secretario General; Martha Inés Leal Llanos, ex Subdirectora de Operaciones; Teresa Guzmán Cortés, ex Coordinadora de Recursos Tecnológicos; y José Antonio García Linares, ex Jefe de la Subdirección de Desarrollo Tecnológico. El Órgano de Control busca establecer si los funcionarios incurrieron en violación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución y la ley, como el derecho a la intimidad, al acceder a correspondencia y otras formas de comunicación, sin contar con previa autorización de autoridad judicial
De acuerdo con las pruebas recaudadas, los ex directivos pudieron incurrir en extralimitación de funciones, al haber permitido, unos, y participado, otros, en labores de vigilancia, seguimiento e interceptación de comunicaciones a diversas ONGs, periodistas y activistas políticos
Al proferir la decisión, el Jefe del Ministerio Público explicó que se desplegó una exigente actividad probatoria, por medio de la cual, se recaudó información y documentos que dan cuenta de las labores adelantadas por el Grupo G-3 del DAS, relacionadas con interceptación de comunicaciones, correos electrónicos y seguimientos a diferentes personas
Advirtió que contra la formulación de cargos no procede recurso alguno y que conforme al Código Disciplinario Único, los investigados disponen de 10 días para presentar descargos y solicitar y aportar las pruebas pertinentes para argumentar su defensa
