CIDH ha ordenado proteger a 416 personas en situación de grave riesgo
El organismo internacional ha tenido que intervenir, ya que en varios casos el Estado Colombiano no actúo e hizo caso omiso a las denuncias que buscaban evitar daños irreparables.


En lo corrido de este año 416 personas en grave riesgo de muerte fueron cobijadas con medidas cautelares de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El organismo internacional tuvo que intervenir, ya que en varios casos el Estado Colombiano no actúo e hizo caso omiso a las denuncias de las personas que buscaban evitar daños irreparables
La cifra se dice fácil pero quienes han sido cobijadas con las medidas han estado en extremo peligro
Son 286 personas que pertenecen a organismos de desplazados, defensores de los derechos humanos, mujeres que han padecido abuso sexual y comunidades enteras hostigadas por grupos armados
Dentro de otros de los cobijados también están la juez que condenó a Plazas Vega, Stella Jara, el periodista Rodrigo Callejas y un recluso de una cárcel del país
Los cobijados con las medidas cautelares denuncian que el Estado no le dio credibilidad a los requerimientos de seguridad. Es el caso de la juez Stella Jara, quien condenó al coronel retirado Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia
Ella denunció persecuciones y presiones a las cuales el Estado no les puso atención y por eso acudieron a la justicia internacional. Según su abogado, Hugo Quintero, si se hubiera protegido a tiempo a la juez ella no habría tenido que abandonar el país
Hay que señalara que en este caso, proferidas las medidas cautelares el Estado le brindó la seguridad que requería
Otro de los casos en los que se dictan medidas cautelares es a una comunidad ubicada en el Alto Guayabal-Coredocito, del Pueblo Emberá, del Resguardo Indígena Uradá Jiguamiandó, hostigado por las Águilas Negras
El representante de esta comunidad, Danilo Rueda, de la Comisión intereclesial de Justicia y paz señala que aún no se le ha dado cumplimiento a las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana, salvo dos reuniones convocadas por el gobierno
Otras de las medidas cautelares que ha llamado la atención es la proferida a favor de un detenido condenado por el delito de homicidio y rebelión, detenido en la cárcel de Girón, a quien la Corte Interamericana encontró que se le estaban vulnerando sus derechos a la salud, por la grave situación que padecía por una herida en uno de sus ojos
Según el INPEC, a través de la oficina de Derechos Humanos, en manos de Iván Lagos, siempre se le ha cumplido a este detenido incluso antes de la medida, pero ella asegura que la medida fue tramitada
Organizaciones a favor de poblaciones vulnerables o en desplazamiento también se han visto obligadas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 8 de abril de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 32 mujeres de la Corporación Sisma Mujer, en Colombia, que estaban recibiendo frecuentes amenazas y hostigamientos. Claudia Mejía, directora de la organización, le dijo a Caracol Radio que “en enero fue la primera y hasta la fecha ya van cuatro amenazas dirigidas directamente contra Sisma, entre otras organizaciones afectadas, porque son varias las afectadas”. Mejía explicó que las amenazas y hostigamientos son del grupo de las Águilas Negras
Aunque la Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las integrantes de Sisma Mujer, su directora asegura que aunque “el balance es negativo, siempre, desde un comienzo, hemos dicho que no son suficientes las medidas (de seguridad) actuales”
Según datos del Ministerio del Interior y de Justicia, actualmente el Estado colombiano tiene a su cargo 143 medidas cautelares, solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cobijan a miles de colombianos
La mayoría de los casos, según el Ministerio, están en Bogotá, seguidos por Antioquia, Valle del Cauca y Santander
El gobierno colombiano asegura que lleva un registro claro de cada caso y que vela porque se cumplan los derechos de los beneficiarios, que pueden ser desde un dirigente político hasta un desplazado por la violencia




