Millonaria defraudación denuncian en la extinta Telecom a través de abogados
El fraude sería por tutelas ordenadas a extrabajadores para que les paguen acreencias laborales inexistentes por pensiones e indemnizaciones.

Millonaria defraudación denuncian en la extinta Telecom a través de abogados
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El gobierno encendió las alarmas por lo que sería un millonario caso de defraudación en la antigua Telecom, por tutelas ordenadas a extrabajadores para que les paguen acreencias laborales inexistentes por pensiones e indemnizaciones y que en el último año han defraudado al Estado en cerca 90 mil millones de pesos. La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María del Rosario Guerra, advirtió que se estaría configurando un detrimento patrimonial y una organización delictiva para aprovecharse de los recursos del Estado
"Son 91 mil millones para 400 personas no más y son en total cerca de unos cuatro mil funcionarios de Telecom, se pueden imaginar que si ha esto no se le pone freno se desangra el Estado. Hay que poner un freno urgente a todos aquellos abogados y jueces que están queriendo de manera ilegal usufructuar estos bienes. Estos imprevistos puedan seguir creciendo y generarse lo que uno podría llamar un segundo Foncolpuertos", alertó la Ministra
Estas irregularidades se han detectado en jueces de Córdoba, Antioquia y Bolívar
La funcionaria reveló que el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) pagó, en 2008, 10 mil millones de pesos por concepto de fallos de tutela relacionados con temas de fuero sindical, retén social en sus modalidades de madres y padres cabezas de familia y prepensión de personas que no cumplían requisitos legales para acceder a dichos beneficios. Además aseguró que pese a que se ha informado estas irregularidades a los jueces, los despachos judiciales han desconocido los argumentos que acreditan que los accionantes no detentan los derechos solicitados
"El PAR ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría la investigación respectiva, y a la Corte Constitucional la selección e insistencia en aquellos casos en los que se considera que existen posibles irregularidades, violaciones al debido proceso, embargos y pagos de sumas exorbitantes en detrimento al erario de todos los colombianos," indicó la Ministra Guerra.




