Colombia se retira de audiencia de CIDH sobre espionaje "gigantesco"

El Gobierno de Colombia abandonó una audiencia en la CIDH en la que varias organizaciones denunciaron la existencia de una "gigantesca e ilegal" operación de inteligencia contra ONG y activistas de los derechos humanos. El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) aseguraron que en el espionaje de las organizaciones y defensores de los derechos humanos no sólo ha participado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia de Colombia, y denunciaron además que se traspasó todas las fronteras. El representante colombiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, se negó a permanecer en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y escuchar los argumentos de los peticionarios, con el argumento de que se habían violado los reglamentos del organismo. Antes de salir, el embajador leyó un comunicado en el que expresó la "extrañeza" del Estado por la celebración de la sesión y anunció que había enviado una carta a la CIDH pidiendo que se revocase. Según Hoyos, han transcurrido dos años y diez meses del plazo dado por la CIDH a los peticionarios para presentar al Estado sus alegatos de fondo del caso y ante la falta de esa documentación, Colombia no puede pronunciarse en la audiencia. En declaraciones a la prensa, Hoyos aseguró que no se trata de discutir el fondo del caso, dado que "está clarísimo" que hay que castigar a los responsables e investigar los hechos, sino de una inconsistencia procesal de la CIDH que el Gobierno no puede aceptar de nuevo. El relator para Colombia de la CIDH, Víctor Abramovich, recalcó que la audiencia no tiene como fin recibir alegatos sino poner en conocimiento de la Comisión las conclusiones fácticas y jurídicas, y explicó que el organismo puede citar a las partes a audiencias cuando lo estime oportuno para avanzar en un caso. El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, sostuvo en declaraciones a los medios que la Comisión "actuó como debía" e "informó a Colombia de todo lo que había que informar", a la vez que calificó el espionaje de "sumamente grave". En la audiencia, el presidente del Colectivo de Abogados, Reinaldo Villalba, denunció que el espionaje del DAS y del llamado Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3) no se limitó a recabar información personal y familiar de los "blancos", sino que también llevó a cabo operaciones de "neutralización" y de "guerra psicológica", con actos de "intimidación". Entre otras actividades, el servicio de inteligencia recabó los datos más íntimos de las personas investigadas, de sus familias, esposas, hijos y su círculo social sobre sus intereses, debilidades, vicios, amigos, ideología y rutinas diarias. El Estado también interceptó sus comunicaciones e hizo un seguimiento a los miembros del Colectivo de sus viajes nacionales e internacionales y de los contactos que mantenían en sus destinos, entre otras muchas acciones ilegales, afirmó. Para Villalba, todas estas actividades evidencian la "intencionalidad clara del Gobierno por estigmatizar a los defensores y en particular al Colectivo" y un "rechazo frontal" contra su trabajo, lo que pone en riesgo su vida. Los actos de "intimidación, seguimiento e interceptaciones a los defensores también comprometen a otras entidades como el ejército y las fuerzas de seguridad", aseguró Krsticevic. El comisionado de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, calificó la operación de espionaje de "escándalo", sobre todo por el hecho de que ésta ocurra en el seno de un Gobierno constitucional. Adelantó que la CIDH se reunirá a principios de la próxima semana con el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, lo que le brindará una buena oportunidad al Gobierno y a la Comisión de abordar este asunto con más detalle.