Piden a la CIDH no extraditar más paramilitares para garantizar reparación a víctimas

Grupos defensores de derechos humanos de Colombia pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tome medidas decididas y urgentes para frenar la extradición de paramilitares a EE.UU., que consideran una "afrenta" al derecho a la justicia de las víctimas. La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) hicieron esta petición en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 134 periodo de sesiones. Los peticionarios denunciaron que el hecho de que desde 2008 se haya extraditado a 18 paramilitares de Colombia a Estados Unidos cuando tenían causas pendientes en ese país resulta "inexplicable", dijo Gustavo Gallón, del CCJ. Afirmó que desde las extradiciones del año pasado "solamente se han continuado pocas diligencias bajo la Ley de Justicia y Paz". Denunció que pese a que ambos Gobiernos se habían comprometido a colaborar en esta materia, no hay un mecanismo efectivo para permitir la participación de los extraditados en las versiones libres, con problemas técnicos y administrativos que hacen difícil que se celebren audiencias desde EE.UU. "Esta situación demuestra que las víctimas están condicionadas a los trámites de la Justicia de EE.UU.", señaló Gallón. Los peticionarios también denunciaron la falta de garantías de que los paramilitares extraditados vuelvan a Colombia después de ser juzgados en Estados Unidos y rindan cuentas ante la Justicia de su país. Calificaron esta situación de "muy grave" y destacaron que "con esta forma de actuar se está negando la justicia" a las víctimas por parte de Colombia y EE.UU. y "ante los ojos de todo el mundo". Por ello, Gallón pidió a la CIDH que "tome medidas muy decididas para frenar esta afrenta inmensa al derecho a la justicia y al derecho de las víctimas". Por su parte, Luz Estella Aponte, de REINICIAR, pidió a la CIDH que solicite de manera urgente un informe sobre el impacto de las extradiciones en el derecho a las víctimas a la justicia. Solicitó que intervenga para que el Gobierno colombiano suspenda de "inmediato" las extradiciones hasta que haya culminado en su totalidad el proceso que se cursa en Colombia y que mantenga la jurisdicción hasta que hayan sido reparadas las víctimas. En otro momento de la audiencia, María Victoria Fallon, de GIDH, denunció que el Gobierno colombiano ejerce un control sobre el poder judicial que está atentando contra los principios básicos de autonomía e independencia de ese estamento. Los peticionarios pidieron a la CIDH que efectúe una visita urgente a Colombia y que reclame al Gobierno de Alvaro Uribe que "cese de manera inmediata los ataques contra la Corte Suprema y las injurias". Además solicitaron que se investigue la persecución contra defensores, opositores, periodistas y algunos congresistas, y que cese las interceptaciones ilegales y sustituya a los responsables. Por parte del Gobierno, el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, así como la viceministra del Interior Viviana Manrique, defendieron la independencia del Poder Judicial y subrayaron el respeto y el acatamiento de los fallos de esta rama. "La validez de las instituciones judiciales es clara, reconocida y acatada", señaló Ospina. El director de Justicia y Paz, Luis González, aseguró que las audiencias de los paramilitares desde EE.UU. "continúan", si bien reconoció que en los primeros meses eran necesarios ajustes para facilitar la logística y poder enviar las señales a Colombia. En este sentido, enumeró las veces que los extraditados rindieron versiones libres desde EE.UU. y señaló que existe un calendario de cara a los próximos meses para celebrar audiencias.