La Unión Europea prioriza el respeto a los derechos humanos en su estrategia contra las drogas

La Unión Europea (UE) insistió hoy en la vital importancia de la políticas de "reducción de daños" y el respeto a los derechos humanos como elementos de las políticas antidroga y pidió nuevas estrategias para el futuro. En un discurso ante el plenario de la Comisión de Estupefaciente de la ONU, el ministro del Interior de la República Checa, Ivan Langer, defendió en nombre de los Veintisiete que los derechos humanos presidan la lucha contra la droga. Langer se refirió a que no se han cumplido los objetivos marcados hace una década por la ONU y reclamó respuestas ante los desafíos que plantean las nuevas tendencias en el tráfico y consumo de estupefacientes. En ese sentido, el representantes comunitario destacó que la estrategia antidrogas europea hasta el año 2012 quiere aprender del lustro anterior. Por ello, la revisión de los objetivos ha puesto como prioridad la mejora del bienestar de la sociedad y la protección de la salud pública. Así, la UE defendió la inclusión en la Declaración Política de la Comisión, que marca la táctica a seguir durante la próxima década, del concepto de "reducción del daño". Langer mencionó a los programas de intercambio de jeringuillas o de sustitución de opiáceos como herramientas para proteger no sólo a los consumidores de drogas sino también "la sociedad en su conjunto". Para Bruselas, "las medidas para reducir los efectos sanitarios y sociales del consumo de drogas son parte integral" de las estrategias de reducción de la demanda aplicadas en la UE. Por eso, la UE mostró una velada crítica a la decisión final de incluir el término "servicios de apoyo" y no "control de daños" en la Declaración Política, motivada por la negativa de países como Estados Unidos, Cuba, Suecia, y El Vaticano. El ministro checo defendió que esos programas de atención y reinserción de los adictos "no pueden reemplazar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación" pero que tampoco "pueden ser sustituidas" por ellas. Esa postura de la UE fue defendida también por España. La delegada del Gobierno para Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, aseguró a Efe que "hay suficientes evidencias" de que las políticas de "reducción de daños" sean efectivas. También defendió el consenso en el seno de la UE al respecto, con la excepción de "uno o dos países", e insistió en que esa estrategia de asistencia a los consumidores no supone de ningún modo bajar la guardia en las políticas represoras contra el narcotráfico ni "cejar en los aspectos policiales" de las políticas antidroga