Condenan al Estado por muerte de policías en toma guerrillera

El Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas condenó al Estado al pago de tres mil millones de pesos por la muerte de 10 policías en la toma al corregimiento de Arboleda en Pensilvania, protagonizada por el frente 47 de las Farc y en la que se comprobó el abandono de los uniformados por parte de los altos mandos de la institución. La providencia del magistrado Augusto Morales Valencia, cuya sentencia es de 110 páginas , indica que el comando de la policía en Caldas hizo caso omiso de las quejas de los uniformados sobre el inminente ataque guerrillero, no aumentó la presencia de los efectivos policiales y además negó equipos especiales de comunicación, lo que facilitó la que consideraron los juristas "cruel" toma que dejó 14 policías muertos, uno desparecido y 12 heridos. Dice la ponencia que a los miembros de las Fuerzas Armadas no se les puede exigir un comportamiento heroico cuando no se le facilitan las condiciones para garantizar seguridad, y proteger sus vidas y la de los ciudadanos, también se comprobó un retardo injustificado y los apoyos llegaron dos días despues del ataque a la población, ubicada en el extremo oriente de Caldas, en limites con el sur Antioquia y ocurrida en Agosto del año 2000. La justicia ordenó a la Nación por intermedio del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional el reconocimiento de los daños morales y materiales a los padres, hermanos, esposas e hijos de los uniformados fallecidos identificados como: Rubén Darío Trejos, Hernando de Jesús Rivera, Julio César Bucurú, Wilmar Alvares, Arcadio Montes, José Albeiro Gañán, Jorge Guillermo Valencia, Hernando Trejos, Rafael Vélez y Jhon Fredy Moncada quienes repelieron el ataque por 15 horas, en compañia de otros 17 agentes, de los que sobrevivieron 12. El fallo que es de primera instancia y que tiene apelación ante el Consejo de Estado, advierte que los policías siempre estuvieron en condiciones de inferioridad ante los cien subversivos que se tomaron la localidad, teniendo en cuenta que los irregulares de las Farc tenían armas no convencionales de guerra lo que no se previo debidamente en la preparación de una respuesta al ataque y es considerado por los juristas como una error en la estratégia militar.