Procuraduría elevó pliego de cargos contra miembros del Ejército por supuesto falso positivo

Por haber asesinado a un campesino y haberlo presentado como el resultado de un combate contra un grupo del narcotráfico, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra cinco integrantes del Ejército. Según el ministerio público se trataba de un hombre que se encontraba en estado de indefensión, ajeno al conflicto armado y como tal considerada como persona protegida. Los hechos sucedieron el 24 de julio de 2006, en desarrollo de la misión táctica “Jabato”, cuando el primer pelotón de la compañía Dragón del Batallón de Contraguerrilla 94, perteneciente a la Brigada Móvil 14 del ejercito Nacional se encontraba en operaciones en la vereda Hondura del municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca, en donde se sostuvo combate con un grupo emergente al servicio del narcotráfico denominado “Los Machos”, dejando como resultado la muerte de Gustavo de Jesús Zuleta Cano. De acuerdo con el Ejército, el Señor Zuleta Cano, fue dado de baja en desarrollo de los enfrentamientos registrados el día 24 de julio, sin embargo, según las versiones de los habitantes de la región, se trataba de una persona que trabajaba en labores del campo en el corregimiento de Puerto Nuevo del municipio de Versalles, situación que lo obligaba a trasladarse todos los días en un transporte de servicio público de la vereda la Pradera a su lugar de trabajo, vehículo del cual fue bajado en un retén por algunos miembros del Ejército. Consideró la Procuraduría General de la Nación que el Capitán Carlos Onofre Baenz Suárez, el Subteniente Iván Giovanni Pachón Jiménez, el Cabo Tercero Werley Vidal Díaz y los Soldados Profesionales Guillermo Sandoval Rojas y Luís Andrés Rendón Díaz pudieron haber incurrido en una violación a los derechos humanos por el homicidio del Señor Zuleta Cano, incurriendo en una falta disciplinaria considerada como gravísima de acuerdo con el código disciplinario. Al elevar el pliego de cargos, el ministerio público reprochó a los servidores investigados que bajo el argumento de encontrarse en un estado de legítima defensa repeliendo un ataque, procedieron a disparar sus armas de dotación oficial contra un ciudadano que se encontraba en estado de indefensión, causando su muerte, incurriendo en una infracción al Derecho Internacional Humanitario. “Desbordaron la función pública asignada, pues desviaron la actividad legítima del Estado y ejecutaron una conducta que trascendió al misión constitución de la fuerza pública, como es la protección a la vida, e integridad de las personas, cometiendo un acto ajeno al servicio constitutivo de una violación gravísima de los derechos humanos “, concluyó la decisión adoptada por el ministerio público.