Los uribistas culpan al Estado del abandono a las víctimas del paramilitarismo

El senador del partido de la U, Armando Benedetti, afirmó que la verdad, justicia y reparación que esperan obtener las víctimas del paramilitarismo va camino al fracaso.

En un debate en el senado de la República, donde no se salvó nadie, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, afirmó que la verdad, justicia y reparación que esperan obtener las víctimas del paramilitarismo va camino al fracaso. Benedetti responsabilizo de manera directa al Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, y al Director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, por su desinterés y la falta de asistencia para las victimas, y dijo que por eso deben renunciar a sus cargos. Explicó que esa manera de proceder está favoreciendo la impunidad porque los paramilitares no han entregado los bienes, resultado de sus actividades ilegales, tal como lo prevé la Ley de Justicia y Paz como requisito para la desmovilización, y porque, del millón de víctimas que se calcula ha dejado el accionar del paramilitarismo, tan sólo 8.634 están vinculadas al proceso. "No sabemos que ha pasado con los bienes de los paramilitares que debían ser entregados como requisito para su desmovilización. De 3.257 postulados para justicia y paz, tan sólo 12 han entregado bienes. Entre ellos se cuentan 652 prensas en regular estado, 70 pares de zapatos en regular estado, 4518 vacas, 19 caballos, 12 predios rurales, 4 lotes urbanos, 2 inmuebles urbanos, 5 vehículos, 859 millones de pesos en efectivo y un televisor de 29 pulgadas en mal estado. Si se tuviera que reparar a las 125.368 víctimas registradas en justicia y paz, con lo que sus victimarios le han entregado al Estado, a cada una le corresponderían apenas 7 mil pesos", expresó el congresista. Señaló que en Justicia y Paz hay registradas 125.368 personas. De ellas el 55% (69.027) ha sido acreditada sumariamente en su condición de víctima por la Fiscalía. Sin embargo, de ese 55% de víctimas, sólo el 6.89% (8.634) han participado efectivamente en la diligencia de versión libre, que es la manera inicial de vincularse al proceso. Dijo que en dos años y medio de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, las víctimas no han recibido asistencia legal, acceso y facilidades para denunciar, ni mucho menos seguridad. "Las víctimas están siendo asesinadas por denunciar los delitos cometidos en su contra. Hasta hoy, han muerto 15 y hay amenazadas otras 92. De 204 solicitudes de protección se acogieron 70 que son atendidas por cuatro funcionarios". "La Defensoría del Pueblo no ha hecho nada desde que se expidió la Ley de Justicia y Paz. Se dedicó a asesorar a las víctimas, pero no a brindar asistencia legal como lo estableció la ley 975 de 2005. 91% de las víctimas registradas no cuenta con abogado. Se asignaron 68 defensores públicos que atienden, cada uno, a 815 víctimas. La mayoría de ellos trabaja en Bogotá cuando la mayoría de los procesos está en Barranquilla y Medellín". Sostuvo. En la Fiscalía y la Procuraduría tampoco se han visto avances, aseguró el Senador. Para Justicia y Paz la Fiscalía asignó 23 fiscales que deben atender 3.001 procesos por despacho en dos salas. En la Procuraduría, apenas hay 12 Procuradores Judiciales designados. Frente al proceso de desmovilización reveló que, a pesar de que se postularon 31.671 paramilitares, sólo 3.257 se acogieron a Justicia y Paz. De estos, 127 han rendido versión libre, primera fase del proceso que sólo ha concluido 4 personas. En las versiones libres, por ejemplo, la mayoría de los delitos confesados por los paramilitares son homicidios simples o lesiones personales, cuando en realidad se trata de homicidios agravados y torturas. De 91 denuncias sobre violencia sexual sólo se han dado dos confesiones", explicó Benedetti. A toda esta situación se suma la inoperancia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que no ha cumplido con el mandato de la Ley. "La CNRR ha actuado como un espectador mas. Ha sido inoperante. Sus miembros están dedicados a otras actividades diferentes a las de garantizar los derechos de las víctimas, la participación en los procedimientos de esclarecimiento judicial, el seguimiento y la formulación de las recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley. De seguir como vamos, concluyó Benedetti, las víctimas acreditadas hasta hoy en Justicia y Paz deberán esperar 2.000 años para que obtener Verdad, Justicia y Reparación. PropuestasAl terminar el debate el Senador Armando Benedetti aseguró que, tras evaluar lo sucedido en los dos primeros años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz se concluye que es necesario respetar la Ley de Verdad, Justicia y Reparación y realizar algunas modificaciones a la norma para, entre otros detalles, hacer explícito que: • La Defensoría del Pueblo debe brindar asistencia legal integral a las víctimas. • Hay delitos de guerra que no se pueden calificar de comunes por parte de abogados, fiscales y jueces. • Las mujeres no estén obligadas a entregar pruebas de delitos sexuales de que fueron víctimas. • El Estado se debe comprometer a reparar a las víctimas, así el Fondo de Reparación no cuente con recursos.

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