La Fiscalía garantiza que no habrá excarcelación de políticos que firmaron acuerdo de Ralito

El Fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, advirtió que los 13 dirigentes políticos que firmaron con los paramilitares el polémico Acuerdo de Ralito, beneficiados con un fallo de tutela de un juez de Lorica, no recuperarán la libertad.
Iguarán Arana explicó que la decisión del juez penal de Lorica, Manuel Salvador Benedetti, quien ordenó cambiar la tipificación del delito de concierto para delinquir agravado por concierto para delinquir simple, no implica el levantamiento de la medida de aseguramiento contra los dirigentes políticos, porque ambas son infracciones investigadas por la justicia especializada.
El fiscal general de la Nación sostuvo que su despacho acata la decisión del juez Benedetti, pero advirtió que la misma será impugnada, porque a él no le correspondía fallar una tutela contra un Fiscal Especializado, y porque desconoció abiertamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
También señaló que la Fiscalía iniciará una investigación contra el juez Manuel Salvador Benedetti, por haber cometido presuntamente el delito de prevaricato.
El fiscal Mario Iguarán Arana advirtió que con decisiones como la tomada por el juez penal de Lorica, se advierte que hay personas interesadas en frenar las investigaciones de la “parapolítica”.
“Es un disparate jurídico que debemos destorcer, para la fiscalía es una extravagancia jurídica que debemos enderezar, es contrario a derecho y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el fiscal Mario Iguarán.
Reacciones a la decisión de un juez de Lorica
Los abogados de los vinculados en la parapolitica beneficiados por la tutela le pidieron al Fiscal general, Mario Iguaran, respetar la determinación que abre las puertas de la cárcel a sus clientes.
El abogado Abelardo de la Esprilla quien representa a la ex congresista Eleonora Pineda y José Maria Imbet, entre otros dijo que si la Fiscalía no reconoce la libertad, habría lugar a un desacato que representa cárcel para el funcionario que no cumpla la determinación judicial.
Dijo además que la determinación esta ajustada a la ley y que el juez si era el competente para conocer de la tutela.