Colombia niega la jurisdicción de Nicaragua sobre las islas de San Andrés
Colombia abrió hoy las audiencias públicas en el contencioso sobre delimitación marítima que le enfrenta con Nicaragua destacando que el país centroamericano "nunca tuvo jurisdicción" sobre el territorio en disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Colombia abrió hoy las audiencias públicas en el contencioso sobre delimitación marítima que le enfrenta con Nicaragua destacando que el país centroamericano "nunca tuvo jurisdicción" sobre el territorio en disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El representante colombiano, Julio Londoño Paredes, argumentó que, en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, Bogotá y Managua acordaron que la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés correspondía a Colombia. Además, dos años más tarde, ambos países acordaron que su delimitación marítima pasa por el meridiano 82, con lo que no solamente San Andrés, sino también las islas Providencia y Santa Catalina, así como los cayos Rocandor, Serrana, Serranilla y Quitasueño pertenecen a la soberanía colombiana. Londoño expuso, que bajo el amparo de este acuerdo, la CIJ carece de jurisdicción para tramitar la disputa, porque el Pacto de Bogotá de 1948 (en el que Nicaragua basa su denuncia) no puede aplicarse a cuestiones que ya han sido objeto de tratados anteriores. "La CIJ no tiene jurisdicción para escuchar la controversia presentada por Nicaragua y debe declarar por terminada la disputa", instó Londoño a los jueces. "Nicaragua quiere imponer a la Corte una violación de Derecho Internacional", acusó el diplomático colombiano, quien mantuvo que Colombia ha mantenido "una jurisdicción pacífica e ininterrumpida" sobre el territorio en disputa. La ronda de audiencias que se inició hoy tiene un carácter preliminar, lo que significa que el fondo de la cuestión no es lo más relevantes, sino que la Corte deberá simplemente decidir sobre su competencia en el caso. El 6 de diciembre de 2001 Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ a causa de lo que calificó de "temas legales concernientes a la delimitación marítima y territorial" entre los dos países en su frontera Oeste del Mar Caribe.




