AI: Abusos contra los derechos humanos continúan en Colombia

Colombia siguió siendo escenario de graves abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en 2005, por parte de las distintas facciones del conflicto armado que vive el país desde hace cuatro décadas, según Amnistía Internacional (AI).
Disminuyeron los asesinatos y secuestros, pero hay informes sobre "ejecuciones extrajudiciales" por miembros de las fuerzas de seguridad, que según "algunos cálculos", fueron "por lo menos 100" y se registraron "con la calificación falsa de 'guerrilleros muertos en combate'", indica AI en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, presentado en Londres.
Igualmente persistieron los asesinatos de civiles por las organizaciones armadas ilegales de ultraderecha (paramilitares) y de extrema izquierda (guerrilleros).
El documento califica de "muy preocupante" los continuos desplazamientos forzados de civiles -310.000 en 2005-, la mayoría habitantes de zonas rurales.
Paramilitares, "que supuestamente se habían desmovilizado" en 2005 al amparo de la polémica Ley de Justicia y Paz, continuaron con las violaciones a los derechos humanos, mientras que las guerrillas cometieron infracciones "graves y generalizadas" al derecho internacional humanitario, según AI.
Subraya también que hay sólidos indicios de vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad.
Al finalizar 2005 unos 20.000 integrantes de la organización paramilitar ilegal Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habían desmovilizado en el marco de un proceso al que se han acogido hasta hoy unos 32.330 combatientes y sus jefes.
La Ley de Justicia y Paz fue parcialmente declarada legal por la Corte Constitucional la semana pasada, y endurecida con el fallo de ese tribunal para, según los magistrados, garantizar a las víctimas sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación.
Esa ley, según AI, no respetaba las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas y amenazaba con "exacerbar el problema de la impunidad, endémico en Colombia".
Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más antigua y numerosa guerrilla del país, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que inició conversaciones con el Gobierno, cometieron "graves y generalizadas" violaciones, en especial secuestros y asesinatos de civiles, denuncia Amnistía.
Recuerda que los esfuerzos "por negociar un intercambio de prisioneros y rehenes" con las FARC "no obtuvieron resultados concretos".
A las AUC se le atribuyeron cerca de 2.750 homicidios y "desapariciones" desde que anunció el cese de hostilidades en 2002 hasta el final de 2005, afirma el informe.
Se refiere también a la violencia contra las mujeres, los secuestros y la situación de riesgo de sindicalistas, de defensores de los derechos humanos, de activistas comunitarios y de comunidades indígenas, entre otros.
Y subraya las "amenazas continuas, los secuestros y los homicidios de los que fueron víctimas los periodistas", actos que atentaron contra "la libertad de expresión", que "siguió viéndose socavada" en el país.