Ejecuciones en EEUU llegan al millar en medio de un intenso debate

Un hombre que asesinó al dueño de un club nocturno se convertirá hoy miércoles, en el ejecutado número mil en EEUU desde 1976, cuando el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte.
La cifra ha abierto una vez más el debate sobre la pena capital en Estados Unidos.
Robin Lovitt, quien afirma ser inocente, recibirá una inyección letal en el estado de Virginia si no interviene el Tribunal Supremo de EEUU y si el gobernador, Mark Warner, rehúsa conmutarle la sentencia por cadena perpetua.
El condenado morirá un día después de la ejecución hoy de John Hicks en Ohio y 48 horas más tarde de la de Eric Nance el lunes en Arkansas.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Nance fue el lunes el ejecutado número 998 y Hicks el 999 desde que el Tribunal Supremo restableció el castigo en 1976.
La ejecución de Nance se produjo tras un aplazamiento ordenado para que el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas revisara su caso, después de que la corte federal rechazara dos recursos presentados por los abogados del condenado.
En uno de ellos afirmaron que el condenado tenía problemas mentales y en el otro pidieron una audiencia para verificar pruebas de ADN.
En 2002, el Supremo declaró inconstitucional la ejecución de retardados mentales.
El gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, también rechazó una solicitud de clemencia.
Nance fue declarado culpable de asesinar a una estudiante de 18 años después de tratar de violarla en 1993. También había sido declarado culpable de una violación en Oklahoma.
Por su parte, Hick recibió una inyección letal por el asesinato de su suegra y su hijastra en 1985.
En el caso de Robin Lovitt, la justicia lo condenó por el asesinato del dueño de un club nocturno durante un asalto en 1998.
Pero Lovitt insiste en su inocencia y sus abogados aseguran que la habría podido demostrar si no se hubiesen destruido de manera ilegal las pruebas de ADN.
La ola de ejecuciones de esta semana ha vuelto en primera línea el debate sobre el máximo castigo, que se aplica en 38 de los 50 estados del país.
Sus detractores afirman que es "una vergûenza", mientras que sus partidarios aseguran que es un factor de disuasión contra el crimen.
Para Brian Forst, profesor de derecho de la Escuela de Leyes de la Universidad Americana, el castigo "no disuade a nadie".
Además, señaló, "nos avergûenza ante el mundo, para el cual somos unos retrógrados. Esta violencia genera más violencia".
Sus detractores también afirman que la pena de muerte es racista y, como prueba, indican que desde 1976 el 34 por ciento de los ejecutados han sido negros, cuando esta minoría representa sólo el 12 por ciento de la población.
Por el contrario, los blancos, que son más del 75 por ciento, constituyen el 58 por ciento de los condenados.
"Existe una enorme arbitrariedad en la pena de muerte. La raza de sus víctimas tiene mucho que ver con quien recibe el castigo", afirmó Barry Scheck, fundador de un grupo que promueve la abolición del castigo.
Pero según Michael Paranzino, presidente de un grupo que lo respalda, quienes se oponen son "liberales" (sinónimo de izquierdistas en EEUU) que se olvidan de las verdaderas víctimas.
"Desde 1999, cien mil inocentes han sido asesinados en EEUU y nadie se acuerda de esa gente", dijo.
"Hay algunos que se han ganado el último castigo al cometer un asesinato con agravantes. Se envilece la vida de un inocente cuando se afirma que la sociedad no tiene derecho a impedir que un asesino vuelva a matar", indicó Steven Stewart, fiscal del estado de Indiana.
La aplicación del castigo ha disminuido como resultado de la oposición interna, las presiones internacionales y las decisiones del Supremo, según David Elliot, de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte en EEUU.
Las condenas han bajado el 50 por ciento desde fines de la década pasada y son ahora de unas 150 al año. Además, las ejecuciones se han reducido el 40 por ciento desde las 98 registradas en 1999, señaló Elliot.
La última encuesta hecha hace un mes indicó que la pena de muerte cuenta con el respaldo del 64 por ciento de la población de EEUU. En 1994 ese apoyo era del 80 por ciento.