Gran parálisis en Francia por huelga de trabajadores

La jornada de huelga convocada por los sindicatos en defensa del empleo y del poder adquisitivo y que tiene el respaldo de los franceses pese a los trastornos ocasionados a los usuarios, es la primera gran prueba social para el Gobierno conservador de Dominique de Villepin.
Las huelgas, acompañadas de unas 150 manifestaciones en todo el país, incluido un desfile emblemático convocado esta tarde en París, convierten la jornada en un día negro en los transportes públicos.
Esta mañana había retrasos de entre casi dos horas y media hora en los aeropuertos parisinos de Orly y Roissy-Charles de Gaulle, respectivamente, en los que la Dirección General de Aviación Civil preveía la anulación respectiva de 175 y 212 vuelos.
En la empresa nacional de ferrocarriles, SNCF, la huelga era secundada por el 32,3 por ciento de los trabajadores esta mañana, según la dirección.
El tráfico de los trenes internacionales era prácticamente normal, mientras que en torno al 60 por ciento de los trenes de alta velocidad circulaban y el 40 por ciento de los regionales.
El transporte urbano -metro, autobuses y trenes de cercanías- en París y otras ciudades estaba afectado, y el grado de parálisis dependía de las regiones.
En la región de París, donde afrontaba su primer test el acuerdo de "servicio garantizado" suscrito entre las autoridades municipales y las direcciones de la SNCF y la empresa municipal de transporte urbano, RATP, había alteraciones en ocho de las 14 líneas del metro y en varias líneas de trenes de cercanías, mientras que dos de cada tres autobuses y tres de cada cuatro tranvías transitaban.
Muchas escuelas estaban cerradas; en Correos era del 15 por ciento a primera hora, pero también había paros en hospitales, las empresas eléctrica y gasista estatales, y en el sector privado los sindicatos proclamaban un alto número de convocatorias de paros.
La movilización será "más importante" que la del pasado 10 de marzo, con más de un millón de personas en las calles, vaticinó el líder del CGT, Bernard Thibault, confiado en el "éxito" de la jornada que tiene el apoyo mayoritario de la población.
Casi tres de cada cuatro franceses estiman justificado el movimiento social, el 62 por ciento considera "mala" la política económica del Gobierno y un 75 por ciento se declara menos confiado en el futuro, según un sondeo del instituto BVA divulgado hoy.
Thibault dijo que esta jornada de movilización tendrá consecuencias si el Gobierno "no aporta las respuestas apropiadas", mientras su colega de Fuerza Obrera (FO), Jean-Claude Mailly, afirmaba que "no daremos quince días" al Ejecutivo de Villepin para responder a las reivindicaciones.
Los trabajadores "responden bien" a esta movilización porque "su descontento es real", señaló Mailly, y recalcó que el fuerte apoyo de la opinión pública muestra que hay "un verdadero malestar social".
Cuatro meses después de su nombramiento al frente del Gobierno tras el rechazo de la Constitución europea en el referéndum de mayo, en el que el descontento y angustia social tuvieron un papel, Villepin afronta, pues, su primera prueba social de gran envergadura.
Un test que coincide con los problemas del Gobierno ante el explosivo conflicto generado por el plan de privatización de la naviera SNCM y su impacto en la situación en la isla de Córcega.
Villepin, que se proclama como el apóstol del "crecimiento social" frente a la estrategia de "ruptura" preconizado por su rival y número dos del Gobierno, Nicolas Sarkozy, deberá mostrar su capacidad para responder, cuando apenas tiene márgenes de maniobra por el mal estado de las finanzas públicas y el escaso crecimiento.
El Gobierno, resuelto a no repetir el error de su predecesor de minimizar la amplitud de la movilización, recalca que está "a la escucha" para "analizar y comprender el mensaje".
A pesar de ello, el primer ministro considera que los mensajes lanzados hoy se dirigen también a las empresas, al ser reivindicaciones sobre el empleo y el poder adquisitivo.
Pero la medida estrella del plan de urgencia de Villepin por el empleo, el llamado contrato de nueva contratación que permite a empresas de hasta 20 trabajadores despedir al empleado durante dos años sin justificación, ha concitado la oposición unánime de los sindicatos y de la oposición de izquierdas.