Pasó en primer debate la ley de garantías electorales

Cada candidato a la presidencia de la República tendrá derecho a la financiación de su campaña por parte del Estado hasta en una suma equivalente a 8.000 millones de pesos, de los cuales la mitad serán entregados por el Gobierno de manera anticipada.
Esa es una de las determinaciones contenidas en la ley de garantías electorales, aprobada en primer debate por las comisiones primeras del Congreso tras el acuerdo político entre Gobierno y su bancada y el Polo Democrático.
Los dos candidatos que tengan derecho a participar en una segunda vuelta electoral podrán invertir 6.000 millones de pesos adicionales, de los cuales el 80 por ciento ($4.800 millones) también serán financiados por el Estado.
Adicionalmente cada aspirante podrá recibir 1.705 pesos por cada voto que reciba en primera vuelta y por concepto de reposición de los gastos electorales, más 852 pesos por voto en la segunda.
El proyecto aprobado contempla también que solo podrá inscribir candidatos los partidos que obtengan más del cuatro por ciento de los votos para el Senado, o los movimientos que respalden la aspiración con un número de firmas equivalentes al cuatro por ciento del censo electoral.
Se establece que los concesionarios de radio y televisión deben entregar espacios equitativos a los candidatos durante los dos meses previos a la elección. En los últimos 30 días de campaña los candidatos tendrán dos minutos en televisión y cuatro en la radio, adjudicados mediante sorteo.
En los canales institucionales de televisión tendrán durante la primera semana cinco minutos para exponer sus tesis, y tres debates de una hora cada uno. En los canales privados este tipo de espacios los pagará el Estado pero su costo será deducido de la reposición de gastos.
Los consejos comunales de gobierno no podrán transmitirse por televisión durante la campaña, ni el presidente-candidato podrá entregar subsidios, suscribir contratos de obras públicas ni producir nombramientos en la nómina oficial.
Los candidatos podrán solicitar la participación de veedurías internacionales en aquellos sitios del país donde haya indicios de riesgo inminente de alteraciones del orden público, fraude electoral o intimidaciones de grupos armados ilegales.