Ley del gas abre nueva incógnita y no aplaca protestas en Bolivia

La nueva ley de hidrocarburos promulgada en Bolivia abrió nuevas incógnitas sobre el futuro del sector económico más importante del país y no logró aplacar las protestas sociales que exigen la nacionalización del gas y petróleo.
Ni siquiera la presentación realizada anoche por el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, de su plan económico y social para dejar atrás el debate sobre la reforma petrolera y zanjar sus diferencias con el Congreso, logró desactivar los conflictos.
La advertencia de las compañías petroleras de que defenderán sus derechos frente a la nueva norma, que consideran "confiscatoria", y las movilizaciones y una huelga anunciada en la ciudad de El Alto para los próximos días mantiene los problemas sobre la nueva ley.
La normativa fue promulgada este martes por el presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, después de que Mesa dejara en sus manos esa responsabilidad.
No obstante, Mesa ratificó durante la presentación de su nuevo plan de Gobierno que asumirá "la administración de esa ley con todos los conflictos, dificultades, problemas pero también con los beneficios que pueda traer".
La preocupación alude al anuncio de la Cámara de Hidrocarburos (CBH) de que "cada empresa tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso respeto a la legalidad, a fin de proteger sus derechos", lo cual preludia los arbitrajes con los que amenazaron las empresas en los pasados meses.
Para las compañías, la normativa afectará los derechos adquiridos en los contratos firmados con el Estado para obtener concesiones para la explotación del gas y el petróleo durante 40 años.
La Cámara consideró que la nueva legislación ignora los "derechos reconocidos por los contratos, las leyes, la Constitución y los convenios internacionales" que tiene suscritos Bolivia.
Para las empresas es real el riesgo de que la nueva legislación ahuyente la llegada al país de más capitales y el desarrollo de los proyectos de exportación del energético boliviano, en los que el país cifra parte de sus esperanzas de desarrollo.
En el plano social, la promulgación de la ley tampoco aplacó las protestas que buscan la nacionalización de los recursos energéticos y que comenzaron el lunes en las ciudades de El Alto y La Paz.
Una asamblea de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto decidió anoche intensificar las protestas para lograr la recuperación del control estatal sobre los hidrocarburos.
Durante la semana varias manifestaciones se trasladarán desde esa urbe a La Paz y el próximo lunes se pretende iniciar una huelga para exigir al Gobierno y el Congreso dar pasos hacia la nacionalización del gas y el petróleo.
Por otro lado, el dirigente de los cocaleros Evo Morales confirmó que continuará la marcha que dirige su partido, el Movimiento al Socialismo, desde el altiplano hacia a La Paz y que pretende llegar a la capital el próximo lunes.
Aunque Morales no busca una nacionalización, presiona al Congreso para que profundice la reforma petrolera mediante un aumento de la regalía que pagan las empresas del 18 al 50 por ciento, como única forma de garantizar que el Estado obtenga la mitad de los beneficios del negocio.
Los mineros de cooperativas que bloquean varias rutas del país, también con la bandera de la nacionalización, comenzaron a negociar un acuerdo con el Gobierno para financiar proyectos de desarrollo del sector.
Las nuevas protestas han ignorado en la práctica la convocatoria del presidente Mesa de centrar la atención del país en el plan que propuso y que busca darle al Estado un mayor papel en el modelo de economía mixta que propugna en alianza con el sector privado.