Gobierno español redobla dispositivo burocrático para afrontar las últimas horas del proceso de regularización

El Gobierno español reforzó hoy el dispositivo burocrático para afrontar el tramo final del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, que concluye este sábado, por el temor de una avalancha de peticiones de última hora.
Las oficinas encargadas de tramitar la regularización estarán abiertas al público hasta la medianoche del sábado y, en contra de la práctica habitual hasta ahora, no será necesaria una cita previa para realizar el trámite, informó la administración.
Según el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el objetivo es que todas las personas que quieran y cumplan los requisitos para poder normalizar su situación legal en España (contrato laboral, carecer de antecedentes penales y residir en España desde antes del 8 de agosto de 2004), puedan beneficiarse de este proceso.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, informó hoy de que ya se han presentado 600.000 peticiones, de las cuales se han resuelto 200.000, y aseguró que una vez que se cierre el plazo "todo el sistema se dedicará a controles y análisis de expedientes".
Caldera, en declaraciones a Televisión Española en la víspera de que termine el proceso puesto en marcha el 7 de febrero, auguró que al final habrá "muy pocos" extranjeros sin legalizar, unos 100.000.
El ministro declaró que en las próximas horas se producirá "posiblemente una acumulación importante de personas" y aseguró que "habrá fuerzas de seguridad suficientes para vigilar el proceso".
"Espero que no haya incidentes serios y espero que hoy y mañana el volumen de peticiones sea muy alto", dijo Caldera, que aprovechó sus declaraciones para instar a los inmigrantes extranjeros que acudan a las oficinas "tengan un comportamiento cívico".
Calculó que en julio habrá finalizado todo el proceso, "con un porcentaje muy alto de aceptaciones, porque quien se presenta en la Seguridad Social tiene una voluntad de limpieza y de legalidad".
Según Caldera, la cifra final de peticiones se situará cerca de las 700.000: "habíamos hablado de un máximo de 800.000 posibles legalizables en edad de trabajar, esto quiere decir que pueden quedar unos 100.000 en esta situación, muy pocas personas".
"Una vez acabe este proceso va a quedar un porcentaje muy pequeño de personas que no tienen oferta de trabajo o que no reúnen los requisitos", dijo el ministro, quien advirtió de que concluido el proceso el Gobierno actuará contra quien quede en situación ilegal.
A partir del domingo, subrayó, se aplicará "estrictamente" el Reglamento de Extranjería, que recoge las vías del arraigo laboral y social para la regularización, ligadas siempre al mercado laboral.
Preguntado por aquellos inmigrantes que no puedan acogerse a ninguna de estas fórmulas, contestó que "se intentará repatriarlos, porque la inmigración tiene que ser legal" y cifró en 120.000 el número de inmigrantes devueltos a su país en el último años.
Caldera destacó las bondades del proceso y subrayó el dato sobre el número de afiliaciones a la Seguridad Social en el mes de abril, que fue el "mejor de la Historia de España (...). Un dato que no se ha conocido nunca, ni siquiera cuando España crecía a un 5%".
Este proceso de regularización ha sido criticado por los sectores conservadores, que aseguraron que contribuirá al "efecto llamada".
El opositor Partido Popular (PP) se opuso a la iniciativa y expresó su oposición frontal a la regularización transitoria por considerar que abrirá la puerta a la inmigración ilegal y beneficiará a las mafias que trafican con seres humanos.
El proceso, pactado entre el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las ONGs, arrancó a ritmo lento en febrero, con una media 1.800 peticiones diarias en la primera semana, pero se aceleró de manera constante a medida que se aproximaba el final del plazo.
A partir de la Semana Santa, se superó la barrera diaria de las 10.000 solicitudes diarias y superó las 30.000 en el tramo final.
Alrededor de un tercio de los expedientes han correspondido a trabajadores inmigrantes del sector doméstico.
Por nacionalidades los ecuatorianos representan más del 25 por ciento, los rumanos el 16 por ciento, y los marroquíes y los colombianos, el 10 por ciento aproximadamente.