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Gobernador Bush dice no poder hacer nada por salvar a Terri Schiavo

El gobernador de Florida, Jeb Bush, a quien acudieron como último recurso los padres de Terri Schiavo, la mujer en estado vegetativo a la que se le retiró la alimentación, aseguró que no puede hacer nada por salvarle la vida.

El gobernador de Florida, Jeb Bush, a quien acudieron como último recurso los padres de Terri Schiavo, la mujer en estado vegetativo a la que se le retiró la alimentación, aseguró que no puede hacer nada por salvarle la vida.
Bush, que es hermano del presidente de Estados Unidos George W. Bush, dijo tras asistir a una misa por el Domingo de Pascua en Tallahassee, la capital del estado de Florida, que si interviniera a favor de la mujer, contravendría una orden judicial.
"No puedo violar la orden de un tribunal (...) Ni la Constitución de los Estados Unidos ni la estatal de Florida me dan poderes para intervenir", afirmó el gobernador, que en otras ocasiones actuó en favor de los padres de Terri en su lucha por mantenerla con vida.
Terri Schiavo, de 41 años, que lleva quince años en estado vegetativo, se aferra a la vida en un sanatorio de la costa oeste de Florida después de que hace nueve días se le retirase por orden judicial la sonda a través de la cual recibía alimentos y fluidos.
Después de agotar todas las instancia judiciales posibles, los padres de Terri, Bob y Mary Schindler, hicieron un llamamiento al gobernador floridano para que interviniera, como ha venido haciendo.
La última vez que el gobernador intervino en el caso fue el jueves, cuando pidió que se estabilizase el estado de la mujer mientras se revisaba un dictámen médico que indicaba que Terri Schiavo pudiera estar en un estado de "mínima consciencia".
Además, a través del Departamento de Familias y Niños de Florida, intentó que se le retirase la custodia legal al marido, Michael, que insiste en que dejen morir en paz a Terri.
Pese a que hay leyes que permiten otorgar la custodia de una persona discapacitada al estado si se demuestra que es víctima de negligencia o abuso, ninguna de estas iniciativas prosperó.
"Me encantaría hacerlo, pero no puedo (...) Lo siento por su familia", respondió hoy Jeb Bush a los padres de Terri Schiavo, que parecían contar con su intervención como último recurso, al tiempo que también se mostró solidario con el esposo de la mujer.
"Esto no ha sido nada fácil para ningún miembro de la familia, pero menos aún para Terri", agregó.
El Tribunal Supremo de Florida desestimó en la noche del sábado, por segunda vez en una semana, un recurso de emergencia presentado por los abogados de los Schindler para que se le reinsertase la sonda que hasta hace nueve días la mantenía con vida.
Tras ese último revés judicial, los padres de la mujer pidieron a las numerosas personas que se mantienen en las afueras de la clínica en vigilia de apoyo para que mantengan a Terri con vida, que se marchasen a sus casas, y anunciaron que no recurrirán más a los tribunales.
El hermano de Terri, Bobby Schindler, volvió a pedir hoy marcharse a casa a los seguidores que, con fotografías y pancartas, están apostados ante la clínica, muchos de los cuales han sido detenidos por intentar pasar el cordón policial con agua y alimentos en un gesto simbólico de querer alimentar a la mujer.
La tragedia de Terri Schiavo comenzó en 1990, cuando tenía 26 años y quedó en estado vegetativo tras sufrir un ataque al corazón a causa de una súbita bajada de potasio en su organismo, al parecer causada por la estricta dieta que seguía en su afán por adelgazar.
Durante ocho años se la alimentó artificialmente hasta que, en 1998, su esposo decidió que le retiraran la sonda arguyendo que su mujer "nunca quiso vivir así", pese a que no lo dejó por escrito.
Allí comenzó la prolongada batalla judicial con sus suegros, durante la cual ha sido desconectada y vuelta a conectar dos veces a la sonda que la alimentaba.
La última de ellas fue el 15 de octubre de 2003, cuando los padres de Terri recurrieron al gobernador Bush, quien presentó y aprobó una ley especial para ese efecto.
Michael Schiavo recurrió la ley por inconstitucional y logró, en septiembre de 2004, que el Supremo de Florida le diera la razón.

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