Relator de ONU llega a Ecuador para investigar crisis en justicia

El relator especial sobre independencia de jueces y fiscales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Leandro Despouy, llegó a Ecuador para conocer la situación de la Justicia en esta nación andina.
Despouy indicós judiciales, para averiguar sobre las denuncias que grupos opositores han hecho en contra de la Corte Suprema de Justicia.
El relator tiene previsto presentar un informe preliminar sobre la situación en Ecuador a principios de abril, en coincidencia con el periodo anual de sesiones que celebra en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Despouy, que no quiso anticipar criterios sobre las denuncias, manifestó que al terminar su misión en Ecuador, el próximo jueves, podría revelar algunas conclusiones de su estudio.
"Seguramente, al concluir mi misión podré anticiparles alguna de las conclusiones que podría hacer Naciones Unidas" a Ecuador, insistió Despouy.
"Las recomendaciones que hace Naciones Unidas tienen la fuerza de su propia autoridad", señaló el relator tras indicar que se reunirá con las máximas autoridades del Gobierno y la Justicia ecuatoriana.
"Naciones Unidas dispone de autoridad. Esperemos que aquí también pueda ejercerla", apuntó el representante de la ONU.
La visita de Despouy, por invitación del Gobierno ecuatoriano, se efectúa en un momento de particular agitación política, por el enfrentamiento que sostienen el Gobierno y la oposición.
La pugna política en Ecuador se agudizó el pasado 8 de diciembre, cuando una mayoría parlamentaria afín al Gobierno logró reestructurar la Corte Suprema de Justicia, en una maniobra que la oposición calificó de ilegal porque, supuestamente, se violó la independencia y autonomía de ese poder del Estado.
Además, los opositores aseguran que con la reestructuración de la Corte Suprema Gutiérrez logró concentrar en sus manos el control de casi todos los organismos del Estado.
Gutiérrez niega tales extremos y asegura que con esos cambios, la Justicia se liberó de un secuestro al que los opositores (especialmente el conservador Partido Social Cristiano) la sometieron en los últimos veinte años.