Jefe regional vasco pide negociar plan que persigue la libre asociación en España
El presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, ofreció al Ejecutivo español abrir una "negociación política" sobre la propuesta que busca dar al País Vasco un estatus de libre asociación con España, a lo que el gobernante Partido Socialista respondió que el contenido de ese plan "no se negocia"
Madrid - El presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, ofreció al Ejecutivo español abrir una "negociación política" sobre la propuesta que busca dar al País Vasco un estatus de libre asociación con España, a lo que el gobernante Partido Socialista respondió que el contenido de ese plan "no se negocia". Ibarretxe hizo esta solicitud después de que el 30 de diciembre el Parlamento regional vasco aprobara esa polémica iniciativa, con el apoyo de Sozialista Abertzaleak, sucesora de la ilegalizada Batasuna (considerada el brazo político de la banda terrorista ETA). Una vez aprobado en la cámara autónoma por 39 votos a favor y 35 en contra, el denominado Plan Ibarretxe necesita ser tramitado en las Cortes Generales españolas y, como último paso, sería ratificado en referéndum por los ciudadanos vascos. No obstante, el Gobierno y los principales partidos españoles -entre ellos el Socialista y el Popular, primero de la oposición- ya han anticipado que la iniciativa del jefe del Ejecutivo regional vasco ("lehendakari") será rechazada en el Parlamento español. En su primera comparecencia ante la prensa tras la aprobación del plan, Ibarretxe se refirió a la apertura de un proceso de negociación con el Gobierno español, al señalar que "lo que está en juego es si estamos dispuestos a abrir un proceso negociador y, si no estamos dispuestos, ¿cómo lo solucionamos, a tortas?". Insistió en que convocará un referéndum en ausencia de violencia y defendió que la voluntad de la sociedad vasca no podrá ser "sustituida" ni por el Partido Popular (PP), ni por el Partido Socialista (PSOE), ni por lo que en su caso decidan las Cortes sobre la propuesta. La respuesta a los planteamientos del "lehendakari" no se hizo esperar y tanto PP como PSOE reiteraron su oposición a las propuestas de Ibarretxe. Los socialistas advirtieron de que "el contenido del Plan Ibarretxe no se negocia", sino que "tiene que seguir un trámite parlamentario, en el que nos opondremos". Sobre la próxima entrevista entre el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, e Ibarretxe, precisaron que "no significa ni compartir, ni apoyar ni entender su proyecto", sino que lo que se pretende es dialogar para decirle que el plan no tiene cabida en la Constitución y "no saldrá adelante". En el mismo sentido, el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo que ese plan "es absolutamente innegociable porque está cimentado sobre unas bases que son incompatibles con la Constitución" y consideró "prematuro" plantearse la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional, como reclama el PP. Por su parte, el PP anunció que su presidente, Mariano Rajoy, ofrecerá a Rodríguez Zapatero un pacto de Estado sobre el modelo territorial para "garantizar la unidad de España". La ilegalizada Batasuna también se refirió a esta polémica, al afirmar que Ibarretxe "está haciendo una lectura incorrecta de los votos que consiguió en el pleno del Parlamento vasco", cuando el apoyo de tres representantes de Sozialista Abertzaleak permitieron la aprobación del plan. "Batasuna no comparte en absoluto las manifestaciones de Ibarretxe en las que habla de una nueva fase en clave de diálogo y negociación con el Gobierno español", indicó en un comunicado, en el que explicó que el motivo del apoyo era "impulsar un proceso de diálogo y acuerdo entre los agentes de Euskal Herria (País Vasco) para resolver el conflicto político". Ibarretxe defiende la voluntad de "tener un nuevo pacto político de convivencia, basado en la libre asociación" con España, y aboga por el "reconocimiento de la nacionalidad vasca compatible con la nacionalidad española", por lo que quiere reformar el Estatuto de Autonomía, marco jurídico y político que rige esa comunidad desde hace 24 años.




