Chiquita no es la única que sufre extorsiones en Colombia

BOGOTA.---La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la bananera Chiquita Brands sacó a relucir lo que es considerado como un secreto a voces en Colombia: la extorsión es uno de los costos de hacer negocios en el país.
"La extorsión a los sectores productivos en Colombia es generalizada, es permanente, sobre todo a los sectores vinculados al comercio exterior", dijo el analista en temas de seguridad con la Fundación Seguridad y Democracia en Bogotá, Alfredo Rangel.
De acuerdo con fuentes de seguridad, la extorsión se convirtió después del narcotráfico y el secuestro, en la tercera fuente de ingresos para los grupos armados ilegales que combaten en Colombia en un conflicto interno de cuatro décadas que dejó 35.000 muertos en los últimos dos lustros.
Chiquita informó el lunes que el gobierno de Estados Unidos la investiga por "pagos de protección" a grupos colombianos considerados por Washington como "terroristas".
Estados Unidos considera como terroristas a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El distribuidor de bananos y otras frutas frescas, con sede en Cincinnati, se abstuvo de revelar a qué grupo armado hizo los pagos y el monto.
Chiquita aseguró que esos grupos profirieron amenazas contra sus trabajadores y que era consciente de que estaban considerados como terroristas.
UN CASO MAS DE EXTORSION
Pero esta no es la primera vez que se conoce sobre la extorsión a las compañías multinacionales por parte de grupos armados ilegales colombianos.
Fuentes del gobierno y de seguridad afirmaron que algunos contratistas han pagado a rebeldes izquierdistas para que les permitan realizar sus trabajos en el país y no tomen acciones contra sus trabajadores.
"Hay un problema constante en términos de intentos de extorsión con las compañías petroleras y sus contratistas", sostuvo una fuente vinculada a una firma petrolera internacional, quien pidió que no se mencionara su nombre.
"La mayoría de compañías rechazaría cualquier intento de extorsión. Los contratistas, por otro lado, pueden ser más vulnerables", afirmó.
De acuerdo con oficiales del ejército, dichos pagos han permitido a la guerrilla izquierdista revitalizarse.
Empresas estadounidenses como Occidental Petroleum Corp. , que explota los campos de Caño Limón en el nororiental departamento de Arauca, y Drummond, que opera minas de carbón en el norte de Colombia, han rechazado públicamente los pagos a la guerrilla.
Pero ambas han pagado un alto precio por su desafío a los grupos armados ilegales y han soportado una campaña de ataques dinamiteros a su infraestructura de producción y transporte.
Chiquita tiene su centro de operaciones en el noroeste del país, en la región del Urabá, una zona controlada por las AUC, acusadas de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en el marco de su enfrentamiento con la guerrilla.
Grupos de derechos humanos acusan a los paramilitares de contar con el apoyo indirecto de algunos oficiales de las Fuerzas Militares y de policía.
Las AUC, que mantienen conversaciones de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, han asesinado a sindicalistas bajo acusaciones de que tienen nexos con la guerrilla.
Pese a la política de seguridad que impulsa Uribe y que obligó a la guerrilla a replegarse a zonas selváticas y montañosas, y a una mejor percepción de las condiciones de seguridad entre empresarios e inversores, las extorsiones no han desaparecido.
Una empresa colombiana de producción de lácteos, Colanta, con sede en el noroccidental departamento de Antioquia, ha soportado ataques explosivos contra sus instalaciones por parte de las FARC, tras negarse a ceder a la extorsión.
Las FARC emitieron la denominada "Ley 002" con la que buscaban obligar a empresas y personas con un patrimonio igual o superior a un millón de dólares a pagar un "impuesto revolucionario".