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Países de la OEA se comprometen en Chile a defender la democracia

Los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos se comprometieron a defender y aumentar la democracia en la región, pese a los desafíos que aún persisten y la amenazan.

SANTIAGO DE CHILE.--- Los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos se comprometieron a defender y aumentar la democracia en la región, pese a los desafíos que aún persisten y la amenazan.
En una Declaración de Santiago preparada para el cierre, hoy, de la XXXIII Asamblea General en Santiago, los cancilleres de los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) indican que la defensa de esa democracia "implica un desafío permanente para sus pueblos y gobiernos".
La versión revisada de la Declaración de Santiago, que debe ser aprobada esta noche (22:00 GMT) por la Asamblea al concluir la reunión de tres días en Santiago, indica que la región necesita definir una agenda de gobernabilidad para los países de la zona.
Señala que esa agenda debe contemplar "los desafíos políticos, económicos y sociales" para "fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas en las instituciones democráticas".
También propone "el fortalecimiento de los partidos políticos como intermediarios de las demandas de los ciudadanos en una democracia representativa", lo cual "es esencial para el funcionamiento del sistema político democrático".
El pronunciamiento de los cancilleres también se refiere a los problemas de la gobernabilidad, y señala como los más graves la corrupción y la impunidad.
Estos problemas "debilitan las instituciones públicas y privadas, distorsionan las economías y erosionan la moral social de los pueblos", indica la declaración.
Agrega también que la responsabilidad y control de esos problemas depende de todos los poderes del Estado en colaboración con la sociedad en su conjunto.
"La cooperación y asistencia recíproca contra la corrupción, de conformidad con los tratados y leyes pertinentes, son elementos fundamentales para promover la gobernabilidad democrática", dice la Declaración de Santiago.
También indica que es esencial encarar el desarrollo económico y social en la región como apoyo a la gobernabilidad democrática.
Para ello indica que se deben superar problemas como el de la pobreza y la exclusión social y promover el "crecimiento económico con equidad" mediante políticas de buen gobierno que fomenten la igualdad de oportunidades en educación, salud y empleo".
La declaración también se refiere al nuevo orden económico mundial, la globalización y la apertura comercial, e insta a que los organismos financieros internacionales apoyen a los países democráticos y creen mecanismos financieros "innovadores" para fortalecer la gobernabilidad.
En su párrafo final, el documento manifiesta que el compromiso con la democracia está aunado al fortalecimiento del Estado de derecho, el acceso a la justicia, el respeto de los derechos humanos, la promoción de consensos, el desarrollo, la estabilidad y la paz de los pueblos.
Esa fue la única mención a los derechos humanos, un tema que quedó en un lugar secundario pese al llamamiento del secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, para que la OEA los tenga presente, especialmente en el caso de Cuba.
Powell, quien aseguró que la democracia en la isla es un hecho inevitable, dijo ante el plenario de la Asamblea que "el pueblo de Cuba mira cada vez más a la OEA en busca de defensa para sus derechos fundamentales y contra las depredaciones de la única dictadura de nuestro hemisferio".
El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que la Carta Democrática Interamericana, convertida en una guía del organismo, declara que los pueblos de la región tienen derecho a la democracia y no excluye a los cubanos.
Según la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre, Cuba es, junto con Venezuela, Colombia y Haití, uno de los países donde ocurren las peores violaciones de los derechos humanos.
El documento tampoco tiene referencias específicas a otros problemas de la gobernabilidad como el terrorismo y el narcotráfico, que durante las conversaciones informales y los discursos oficiales fueron considerados como graves amenazas para la democracia.

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