Mindefensa defiende transparencia de impuesto al patrimonio

Por Rodolfo Mejía Fontalvo
CARTAGENA.---El gobierno nacional defendió la transparencia con la que se ha invertido los recursos obtenidos a través del impuesto a la seguridad democrática.
La ministra de defensa Martha Lucia Ramírez dijo que estos dineros se gastaron tal y como se planeó utilizarlos, además aseguró al responder los cuestionamientos de la contraloría, que la corte constitucional examinó las proyecciones que se tenían en donde se incluían recursos para la fiscalía, la defensoría y la procuraduría, ya que la política de seguridad tiene que ir acompañada de un fortalecimiento en esas áreas y especialmente con la fiscalía.
La ministra también recalcó que el manejo de los dineros ha sido pulcro, pues tan solo una parte de esos recursos, unos 800 mil millones de pesos son para el aumento real del pie de fuerza y que es exactamente lo mismo que estaría proyectado desde un principio.

MAGISTRADOS DEJAN ENTREVER QUE GOBIERNO NO ES CLARO
Por Felipe Gómez Maldonado.--- Los magistrados de la Corte Constitucional que votaron negativamente los decretos de estado de conmoción que adicionaron el presupuesto general para crear el impuesto al patrimonio para preservar la seguridad, dejaron entrever que el gobierno no era muy claro en sus explicaciones, que no había transparencia sobre las partidas asignadas a los Ministerios de Hacienda, el Interior Justicia y los órganos fiscales y de control.
La mayoría de la sala que lo declaró exequible también aclaró que se declaraban exequibles los decretos 1838 y 1959 del 2002 en el entendido de que los gastos deberán estar directa y específicamente encaminados a conjurar las causas de perturbación .. .
La constitucionalista Clara Inés Vargas observó que hubo muchos vacíos como en el caso de las partidas destinadas para los órganos de control del estado, en las asignadas a los ministerios de Hacienda y el Interior y que votó en contra porque descubrió muchas contradicciones entre la parte motiva y la prescripción del decreto, que para subsanar el hueco fiscal se había podido declarar la emergencia económica.
El magistrado Alvaro Tafur, en su salvamento de voto, dijo que a pesar de que el decreto parecería la justificación de una emergencia económica, sin embargo no hace ninguna demostración de lo afirmado: no hay ninguna estadística que lo compruebe.